El juez Velasco crea una pieza separada de la trama Púnica sobre la Diputación de León
La compleja investigación sobre la trama corrupta 'Púnica' ha dado un giro judicial este miércoles la dictar el juez Eloy Velasco la creación de 12 piezas separadas para seguir la investigación. Una de ellas será dedicada a los hechos acontencidos por la trama en la Diputación de León y por la que se encuentran imputados el expresidente Marcos Martínez y el exinterventor Suso López. La otra pieza que afectaría a León es la que investiga los contratos de las empresas de Alejandro de Pedro Eico y Madiva sobre reputación online a políticos pagados con fondos públicos.
En la trama hay hasta ahora 92 imputados provenientes de cuatro comunidades autónomas distintas implicados en el presundo cobro de comisiones a cambio de contratos con las administraciones públicas. La amplitud de la investigación y la colaboración de uno de los presuntos cabecillas, David Marjaliza, ha abierto nuevas líneas de investigación.
En la vertiente leonesa de la trama corrupta se encuentran imputados por varios delitos Marcos Martínez y Suso López. A ambos se les achaca negociaciones prohibidas a funcionarios en relación con contratos de la estación de San Isidro que iban a ser adjudicados presuntamente a empresas vinculadas a la trama. El trasfondo del caso en León es la pretensión de Marcos Martínez de ser presidente del PP de León tras ascender en la Diputación al ser asesinada Isabel Carrasco. Para ello habría solicitado la ayuda de Alejandro de Pedro, con el que la institución provincial mantenía un contrato para 'limpiar' la imagen de la fallecida presidenta y después del actual regidor de Cuadros por 105.000 euros en algo más de dos años. A cambio de su influencia en la sede nacional del PP para lograr el poder provincial se le habrían ofrecido contratos vinculados a la estación invernal de San Isidro.
Por lo desvelado en los autos se deduce que la operación Púnica pilló a Marcos Martínez en plenas negociaciones con Alejandro de Pedro para la adjudicación irregular de contratos en la estación de San Isidro. Textualmente en una conversación interceptada asegura a De Pedro: “de actividades que desarrollaríais vosotros y que tendríamos que sacar a contratación, pero ya lo sacaríamos de manera que pudiéramos adjudicároslas a vosotros, porque sois los que las habéis planificado, los que mejor sabéis hacerlo y los que mejor presentaríais ese plan. Y por otro lado, el tema de las cafeterías.”
Pero las empresas de la trama Púnica habrían cobrado además en León del consorcio de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de León (Gersul), según se recoge en el sumario. Una cantidad que se sumaría a los 3.600 euros mensuales que ya facturaba una empresa de Alejandro de Pedro a la Diputación de León desde mediados de 2012, y nunca revelada por la institución provincial. Ésta sería la otra vertiente del caso aquí, el haber pagado con fondos públicos a la empresa Madiva para que mejorara la imagen de los políticos de la Diputación de León, algo prohibido por constituir un uso personal de dinero público.
La fiscal consideró en el interrogatorio a Marcos Martínez los pagos realizados suficiente para imputarle en la trama por un delito de malversación de caudales públicos y pedir su ingreso en prisión por la adjudicación de cuatro contratos a empresas de De Pedro por valor de 6.000 euros -1.500 euros para cada uno de sus 'periódicos'- con dinero de Gersul para pagar esos favores que, según le habían asegurado, le convertirían en presidente del PP.
