Alicio de las Heras, mano derecha de Prada en el Campus de la Justicia de Madrid, niega que tuviera “poderes” y le señala como responsable
Era director del Área Financiera de la sociedad pública madrileña Campus de la Justicia, que llegó a gastar 355 millones de euros a pesar de dejar casi incompleto aquel mastodóntico proyecto de la Comunidad de Madrid. Despachaba a diario con el máximo responsable, su paisano leonés y entonces todopoderoso político Alfredo Prada, que siempre ha contado con él con total confianza. Pero ahora, sentado junto a Prada en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, mientras se le piden seis años de prisión por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones pública y malversación de caudales públicos, asegura que en aquellos tiempos no tenía ningunos “poderes” y señala al político como el máximo responsable de todo a preguntas de la jueza del caso.
Este es el resumen del testimonio prestado en la Audiencia Nacional por Alicio de las Heras, en la fase final del juicio por las posibles responsabilidades penales de Alfredo Prada y otros seis implicados, entre los cuales se encuentra también como encausado.
De las Heras mantiene desde su juventud una gran afinidad personal con el político leonés que fuera vicepresidente del Senado, senador por la provincia, vicepresidente del Gobierno madrileño y consejero de Justicia, precisamente cuando recibió el encargo de Esperanza Aguirre de impulsar el Campus, la construcción de 14 edificios en un área donde aglutinar todas las infraestructuras judiciales de la capital.
De hecho, lo primero que destacó en su intervención en el juicio es que sólo “tenía 26 años” cuando fue contratado por Prada en Campus de la Justicia en 2005, poniendo mucho énfasis en que fue como “jefe de oficina” y cobrando muy poco: “1.200 euros líquidos”, resaltó.
Titulado por la Universidad de León, empleado de banca, aficionado al golf y al pádel, vinculado siempre al Partido Popular, asesor personal en sus cargos institucionales y orgánicos y en la actualidad empresario hostelero, lo cierto es que fue el máximo responsable del Área Financiera de Campus entre 2005 y 2009 e incluso después siguió unido profesionalmente al político como su asesor personal en el Congreso de los Diputados, siempre como su macho derecha.
Hay que resaltar que, al contrario que Alfredo Prada, que se avino en el juicio a contestar incluso a la Fiscalía Anticorrupción que le acusa y le pide 8 años de prisión, Alicio de las Heras tan sólo quiso someterse a las preguntas de su propio abogado defensor y a una que le formuló el alto Tribunal para saber únicamente “quién era su jefe directo, quién le daba las órdenes de lo que tenía que hacer” en aquellos años, le inquirió la magistrada. Y fue ahí donde señaló a Alfredo Prada como “mi interlocutor directo”, la persona “con la que despachaba” desde todo, desde pagos a contratos.
En eso basó De las Heras toda a estrategia de su declaración, pregunta tras pregunta de su propio abogado. El que fuera cuatro años director financiero llegó a decir que “nunca tuve funciones financieras ni directivas, ni he tomado decisiones estratégicas dentro de la sociedad, como pueden ser contrataciones, ampliaciones de capital, venta de inmuebles o inyecciones de fondos”. Pero tampoco contrataba personal ni “analicé nunca los contratos” millonarios que se iban adjudicando, a pesar de formar parte de la mesa de contratación “en la que me exigieron que fuera vocal (pero) como jefe administrativo”.
“Sólo gestionaba a partir de que se generaba una factura”
“No tuve ningún poder en la sociedad” para decisiones con entidades bancarias, ni tampoco “firma en ningún banco, solo la tenía el señor Prada”. “Nunca participé” en contratos de patrocinio y publicidad, o de eventos de Campus“, ya que en esto como en el resto de sus responsabilidades ”sólo gestionaba a partir de que se generaba una factura“, haciendo también las declaraciones de impuestos o preparando nóminas. ”Aún así“, quiso aclarar”, todos esos servicios (contratados) fueron realmente prestados“.
También negó conocer “nunca” a ningún proveedor de la empresa pública, con la salvedad de “Sandra Varela, que su padre era dueño de (la editorial) Everest porque yo estudié en los Jesuitas y ella iba tres años más adelante, y de verla por León”. Y el único contrato que recuerda haber firmado, para una revista digital que se distribuía entre los funcionarios de Justicia, “lo hice por indicación del señor Prada”.
“La más mínima tacha de legalidad”
En la misma sesión, Félix García de Castro, abogado que fue contratado como asesor jurídico externo y que a pesar de ello fue secretario de la mesa de contratación aquellos años, afirmó rotundo que no vio nunca “la más mínima tacha de ilegalidad” en los contratos y que, de haberla habido, correspondía a los secretarios generales haberlas advertido, mencionando así como otros tantos acusados, aunque aquí de manera más velada, a Lourdes Manovel, ahora sólo testigo y antes imputada en este caso, a la que Prada por ejemplo sí ha señalado directa y personalmente como responsable.
Lo que no pudo explicar este abogado fue dónde está el contrato con Campus de la Justicia, cuya relación laboral y sueldo se inició incluso seis meses antes de formalizarse la sociedad, porque “tuvimos una inundación y se perdió mucha documentación”.
Por último, quien fuera contratado en 2007 como director del área de Seguridad de Campus de la Justicia, el comisario Andrés Gómez Gordo, que ya estuvo procesado en el 'caso Kitchen', remarcó mucho en su interrogatorio y su alegato que “trataba como si fuera mi casa” el dinero público de cualquier expediente de contratación, que “jamás” sobrepasaron el límite legal impuesto y que se ajustaron “a la más absoluta legalidad”.
