La exalcadesa de Mansilla responde ante el juez por falsificación de documento público en la Diputación
El Juzgado de Instrucción número 2 de León tomarán declaración este lunes a primera hora por un presunto delito de falsificación de documentos públicos a la exresponsable del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) y a una funcionaria de la Diputación de León. Se trata de Mari Paz Díez, la otrora poderosa alcadesa de Mansillas de las Mulas y diputada provincial de total confianza de la fallecida Isabel Carrasco y de la funcionaria jefa del SAM, Ana Belén Cosmen, considerada del grupo de afines 'carrasquistas'. Otro funcionario, el arquitecto coordinador-técnico José María Alvado ha conseguido posponer la declaración alegando que su abogado tenía otra causa este lunes.
Este caso es el primero que toma forma judicial de imputación de las decenas de casos polémicos sobre recursos humanos en la institución provincial que se han ido acumulando en los últimos años con multitud de recursos administrativos y judiciales. El caso aborda una denuncia de otro funcionario contra los responsables provinciales de no haber cumplido varias sentencias que revocaban el puesto de Alvado en la Diputación, falsificando documentos para evitar su cumplimiento según la orden judicial.
El equipo de Gobierno de Carrasco, y luego Marcos Martínez y Emilio Orejas, por mano de Mari Paz Díez aplicaba las sentencias de forma siempre objetiva a sus intereses según los denunciantes. Todas las pretendidas ejecuciones de las sentencias acaban manteniendo a Alvado en su puesto de arquitecto pese a que se anulaba la adjudicación de la plaza. En el fondo político estaba en juego el controlar un servicio tan importante en la Diputación como el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), clave del poder político 'carrasquista'.
Macrodenuncia contra todo el anterior equipo de Gobierno del PP
Pero el equipo de Gobierno de la pasada legislatura en la Diputación también tiene al completo otra denuncia penal por los presuntos 'chanchullos' cometidos en el mandato. Una multidenuncia puesta por un grupo de funcionarios les atribuye posible prevaricación, falsificación, malversación, fraude, coacciones y tráfico de influencias.
La lista de denunciados empieza por los expresidentes de la Diputación Marcos Martínez y Emilio Orejas, hoy alcalde de Cuadros fuera del PP y diputado provincial y alcalde de Valdelugueros. Continúa por todos los que fueron vicepresidentes de la institución la pasada legislatura, Francisco Lupicinio Rodrigo, Miguel Ángel del Egido, José Antonio Velasco así como a los diputados Francisco Javier García Álvarez, Teodoro Martínez, Raúl Valcarce, Mª Isabel Fresno, y el portavoz del grupo, Jaime González, todos ellos miembros de la Junta de Gobierno. Los denunciantes apuntan también a los exdiputados José Manuel Blanco, Miguel Ángel Robla y Jose Manuel Moro, por su participación en acuerdos del Pleno. Del PP tan sólo queda fuera Manuela García Robles, por entenderse que no participó en todas las decisiones denunciadas, dado que entró en la Corporación sólo tras el asesinato de Carrasco.
Un nuevo nombramiento 'exprés' a 5 días de las elecciones
Según la denuncia primero en Fiscalía y ahora en el Juzgado, la actuación de los diputados conservadores consistió en nombrar a tres determinados funcionarios afines para que ocuparan los tres puestos de máxima responsabilidad del SAM: Jefa del SAM, jefe de Sección-Coordinación de la Unidad de Asesoramiento y arquitecto-coordinador técnico.
En este último caso, además, el equipo de gobierno puso en marcha “un procedimiento exprés para nombrar definitivamente como arquitecto” a José María Alvado antes de las elecciones, nombrándolo a falta de menos de 5 días para la jornada electoral, pese a mediar denuncia de falsedad documental para entregarle el puesto, además de denuncias del mobbing practicado contra el denunciante, así como denuncias por el pago de sueldo al arquitecto mencionado pese a estar anulada por el Juzgado de lo Contencioso una entrega previa del puesto“, explican los trabajadores impulsores de esta ofensiva judicial. Y es que en los últimos años, sus constantes denuncias en vía de contencioso han tenido pleno éxito, consiguiendo reiteradas sentencias desfavorables a las pretensiones del PP que sin embargo han hecho oídos sordos.
¿Conexión San Isidro y Operación Púnica?
El mencionado arquitecto, según los denunciantes, ha participado activamente con actuaciones técnicas en la estación invernal de San Isidro “mientras estuvo en su etapa anterior como arquitecto coordinador técnico en comisión de servicios, antes de ser anulado este nombramiento por el Juzgado de lo Contencioso”. Entre otros expedientes, estaría el desmantelamiento urgente del edificio generador de electricidad de los apartamentos de San Isidro “para que fuera inevitable surtirse de electricidad de Iberdrola y pagar la exorbitante cuantía que la ex presidenta Isabel Carrasco pretendía que pagaran los propietarios”. También le achacan “otras actuaciones en edificios y cafeterías que luego serían puestos a disposición de contratos investigados por la trama Púnica” que ha conllevado la cárcel e imputación para Martínez Barazón y la imputación del exinterventor de la Diputación, Jesús López.
