La Diputación lo vuelve a intentar con la transparencia
La Diputación de León aprobará una nueva Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización en la institución provincial, acatando de esta forma la exigencia de la Ley que se aprobó en 2013 y que exige a las administraciones públicas a contar con una herramienta para facilitar la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno, cuestiones que, según la Ley, “deben ser los ejes fundamentales de cualquier acción política”. La adaptación para los entes locales de la Ley finaliza en el próximo mes de diciembre, cuando todos deberán cumplirla según la normativa.
En noviembre de 2013 la Diputación de León fue la más destacada en el Ranking de Transparencia Internacional que elaborada sobre instituciones provinciales, lo que llevó al equipo de Gobierno que encabezaba entonces Isabel Carrasco a presumir en su publicidad y en la web dipuleon.es que era 'la más transparente de España'.
El escándalo desatado tras la operación ''Púnica' en octubre de 2014, y que se saldó con la detención e imputación del entonces presidente de la institución Marcos Martínez y la imputación del entonces interventor Suso López provocó que la Diputación dejara de presumir de su transparencia. Ahora, lo vuelve a intentar con una nueva normativa.
Ordenanza de transparencia
En un comunicado la Diputación especifica que la ordenanza de transparencia está divida en siete capítulos. El primero de ellos, bajo el título 'Disposiciones Generales', establece el objeto de esta norma, que es la regulación de la transparencia de la actividad de la Diputación de León, así como del ejercicio del derecho al acceso de la información pública, que debe ser aplicado también en todos los organismos y entidades dependientes de la institución provincial.
El capítulo II está dedicado a la información pública y regula, en primer lugar, las distintas formas que tienen las personas de acceder a este tipo de información, además de establecer los distintos requisitos que han de tener los datos, contenidos y documentos y las limitaciones generales al acceso a la información. En el capítulo III se regula la transparencia activa, es decir, la información que las entidades locales deben publicar por ser la más representativa de la actividad de la Administración Local y de mayor demanda
El capítulo IV regula la transparencia pasiva, es decir, el derecho al acceso a la información pública, que posee cualquier persona física o jurídica, pública o privada. El capítulo V, que se dedica a la transparencia colaborativa, tiene el objetivo fundamental de generar valor público en la ciudadanía en los ámbitos social, innovador y económico.
En el capítulo VI, se regula el régimen de quejas y reclamaciones, estableciendo la posibilidad de presentar quejas cuando la Administración no cumpla sus obligaciones a la hora de publicitar la información.
Según la Diputación de León su objetivo “es conseguir la mayor transparencia posible en lo que a la relación con los ciudadanos, empresas y otras administraciones se refiere, con el fin de acercar la gestión diaria de la institución provincial y eliminar la posibilidad de que la información sea utilizada para otros fines”.
