Sierra Pambley y Fundaspe se estrenan en el comité de coordinación
Se celebró ayer en Valladolid la primera reunión del renovado Comité de Coordinación del Consejo Autonómico de Fundaciones de Castilla y León formado por diez de las más de cien fundaciones de la comunidad pertenecientes a la Asociación Española de Fundaciones -AEF- que agrupa a su vez a más de mil cien fundaciones de toda España.
En el citado Comité participaron por primera vez la Fundación Sierra Pambley representada por su Gerente, Magdalena Corral y la Fundación Nacional Fundaspe por el Presidente de su Patronato, Martín Manceñido, ambas Fundaciones, con sede en León, fueron elegidas en el último Consejo Autonómico para este fin y al que ya pertenecía la Fundación Monteleón de Caja España-Caja Duero representada por su Gerente, Dionisio Domínguez.
En la reunión, que tuvo lugar en la sede de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León que dirige Ramón Álvarez Vega, intervino el Secretario General de la AEF, Silverio Nogales, llegado de Madrid para informar de las actividades y contactos que en el ámbito estatal se están manteniendo con el nuevo Gobierno.
Además de las reivindicaciones del Tercer Sector ya planteadas, como la existencia de Protectorado y Registro Único tanto a nivel estatal como autonómico, se dio cuenta de la puesta en marcha de un Plan de Comunicación que mejore la imagen del sector fundacional y con ello se positivice el mundo de las Fundaciones, para incardinar la sociedad civil que representan y ofrecer al conjunto de la sociedad aquellos servicios que la administración pública no alcanza a cubrir.
La puesta en marcha de cursos de formación en el ámbito de la gestión y financiación europea y sobre responsabilidad civil corporativa, la celebración del Día Europeo de este sector, la financiación pendiente por las deudas de la Administración también con este importante sector fueron objeto de análisis y debate por parte del Comité.
Sin embargo fue la nueva Ley del Mecenazgo a la que más tiempo dedicaron los reunidos para asegurar que la Ley mejore las condiciones de los beneficios fiscales para las empresas y particulares que colaboran económicamente con las Fundaciones, sugiriendo al Gobierno que el tratamiento fiscal se asemeje al modelo francés para garantizar la prestación de los servicios sociales, culturales y de todo tipo que las Fundaciones ofrecen al conjunto de la sociedad y que no son cubiertos por los poderes públicos.
