UPL denuncia el primer 'mordisco' a la provincia en la nueva ordenación del territorio autonómica
La formación leonesista, que se ha opuesto a la pactada Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, “por considerarla una chapuza que no viene a solucionar los problemas de los ciudadanos sino a crear nuevos frentes sin que se produzca ningún tipo de ahorro y sí mucha confusión entre los ciudadanos, cargos públicos y personal al servicio de administración” manifiesta su estupor porque el primer mapa que se está negociando suponga ya un 'mordisco' a la provincia leonesa.
En concreto denuncian que el primer mapa de servicios que está negociando para la provincia de Valladolid incluye al municipio leonés de Izagre en la unidad de Mayorga. Recuerdan que la unidad dará lugar a una Mancomunidad de Interés General si lo piden la mayoría de los ayuntamientos que aglutinen 50% del total de la población global o los ayuntamientos que reúnan el 70% del total de la población de la Unidad Básica. Considera UPL que esto podría significar que si la mayoría de los municipios vallisoletanos de la Unidad están a favor, Izagre tendrá que pertenecer a esa Mancomunidad sin posibilidad de negarse, tal y como establece el artículo 38 de la Ley, “en un claro atentado contra el principio de autonomía local”.
UPL considera que se trata de un retroceso que afectará a los vecinos, “si bien es cierto que determinados servicios que presta la Junta como los Centros de Salud deben ser prestados entre los municipios más cercanos, la creación de estos entes traerá más confusión ya que como queda demostrado la Junta y el PSOE intentarán diluir las fronteras provinciales y las que existen entre las dos regiones al objeto de crear una identidad autonómica artificial, como ya intentaron hacer con las DOTs”.
La formación leonesista se pregunta si cuando estén totalmente constituidas las mancomunidades y algunas pertenezcan a varias provincias y necesiten subvenciones o asesoramiento de las Diputaciones, a quién se lo pedirán y que mecanismos jurídicos emplearán.
Otra pregunta de los leonesistas es si los responsables de PP y PSOE y de la Diputación “defenderán los intereses de estos municipios o se limitarán, como hacen siempre, a decir una cosa en León y otra en Valladolid para que no se enfaden sus ”jefes“ autonómicos”.
