El 'escaño ciudadano' sigue intacto tres años después de la revisión de su ley reguladora
Desde junio de 2012 es más fácil presentar una Iniciativa Legislativa Popular en Castilla y León al rebajarse los requisitos. Sin embargo, el llamado 'escaño ciudadano' permanece intacto. Precisamente, la nueva presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, se ha marcado entre sus compromisos de legislatura impulsar la participación de los ciudadanos y dar voz a los ayuntamientos en la Cámara a través de este instrumento parlamentario.
La única propuesta presentada con la nueva norma no llegó a debatirse en el hemiciclo. La Mesa de las Cortes desestimó el pasado mes de octubre la proposición de ley de Iniciativa Legislativa de los ayuntamientos para declarar la Comunidad de Castilla y León libre de la técnica de fractura hidráulica o 'fraking'. El texto, registrado por 29 consistorios de Soria y Burgos, no pasó el primer filtró del órgano parlamentario, que entendió que era contrario a la legislación básica del Estado y excedía las competencias legislativas atribuidas a la Comunidad por su Estatuto de Autonomía.
La revisión, aprobada por consenso de todos los grupos de la Cámara, flexibilizó el número de firmas para facilitar la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular. Con la nueva normativa se requiere el uno por ciento del censo de las nueve provincias, que equivale a unas 20.000 frente al registro de 25.000 que recogía la anterior ley. Otra novedad importante es que los promotores de una iniciativa pueden subir a la tribuna de las Cortes para defender su causa. Antes eran los grupos los portavoces de las propuestas del colectivo autor de la propuesta.
Los grupos de la oposición, a quienes ha extrañado que la iniciativa no se haya estrenado, consideran que es un instrumento útil y apuntan a una falta de desconocimiento o de información, pero también a que se opte por la protesta en la calle ante el descrédito de los políticos. Para el Grupo Popular ninguna propuesta ha sido ajena al debate de las Cortes y considera que existen otros cauces de participación, como el diálogo social o los consejos sectoriales.
En su primer discurso, tras su toma de posesión, la presidenta de las Cortes desempolvó esta iniciativa, a la que dio protagonismo al incluirla en sus compromisos de legislatura para abrir la institución a los ciudadanos y avanzar “aún más, si es posible” en la relación con la sociedad. Silvia Clemente apuntó en una doble dirección: que el Parlamento se conozca y se sienta como propio en los valores que representa y para abrir nuevos cauces de participación, a través de la ILP.
Desde que se aprobó la ley reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, en julio de 2001, en el pleno de las Cortes sólo se ha debatido una propuesta ciudadana. Fue en diciembre de 2008, cuando el plenario acordó la regulación de una red de apoyo a la mujer embarazada, iniciativa que sus promotores y el PP, que la defendió en nombre de éstos, calificaron de histórica.
En mayo de 2011 llegó otra Iniciativa Legislativa Popular pero no pasó el veto de la Mesa de las Cortes, que no admitió a trámite la misma porque la Comisión Promotora no estaba formada por al menos cinco ciudadanos de Castilla y León. El bagaje desde su regulación es exiguo, tres propuestas y sólo una llegó al pleno y se aprobó.
