Las quejas al Procurador del Común se incrementan un 106% en León en 2015
El número de expedientes tramitados por el Procurador del Común en 2015 ascendió a 4.365, de los que 4.329 fueron quejas formuladas por los ciudadanos y 36 a actuaciones de oficio, lo que supone algo más del doble respecto al año anterior, en el que se tramitaron cerca de 2.100 expedientes. En esta ocasión, la provincia de Palencia fue, con el 37 por ciento, la que lideró esta estadística, con 1.614 reclamaciones, seguida de León, con 1.215 expedientes.
Muy de lejos le siguen el resto de provincias de Castilla y León, como Valladolid, con 537 reclamaciones, Burgos con 276, Salamanca con 139, Segovia con 118, Ávila con 95, Zamora con 68 y Soria con 50. Completan las estadísticas las reclamaciones de ciudadanos residentes en otras provincias de fuera de Castilla y León, que fueron un total de 209, mientras que del extranjero llegaron tres quejas y de procedencia desconocida un total de seis expedientes.
Especialmente llamativo es el incremento registrado en los expedientes en la provincia de Palencia, donde contrastan las 1.614 reclamaciones de este año con las 138 que recibió el Procurador del Común un año antes, lo que supone un incremento del 1.069 por ciento. También llamativo, aunque menor, es el aumento de los expedientes tramitados en la provincia de León –este año 689 más-, lo que supone un aumento del 106 por ciento. También crecieron las quejas presentadas en la provincia de Valladolid, desde las 204 de 2014 a las 537 de este año, con un incremento porcentual del 163 por ciento.
Las reclamaciones presentadas no variaron demasiado respecto a las de un año antes en provincias como Salamanca, Segovia, Soria e incluso Zamora, donde la variación fue muy pequeña. En el extramo opuesto, las provincias de Ávila y Burgos experimentaron un descenso en el número de reclamaciones respecto al año anterior: Ávila pasó de las 123 de 2014 a las 94 del año pasado, mientras que en Burgos en 2014 se contabilizaron 480 reclamaciones frente a las 276 de este año que acaba de finalizar.
Por materias, la educación fue la que aglutinó un mayor número de reclamaciones en 2015, con un 53 por ciento del total, seguidas de los expedientes relacionados con Fomento, con un once por ciento, y Bienes y Servicios municipales, con el ocho por ciento del total. El informe anual del Procurador del Común se presentará en las Cortes de Castilla y León en el primer trimestre de este año, tal y como se anunció en la reciente visita que la presidenta del Parlamento autonómico, Silvia Clemente, hizo al responsable del Procurador del Común en su sede de León.
Además de ser la educación la materia que mayor número de reclamaciones recibió el año pasado, también fue la que más creció respecto a 2014, cuando se recibieron 84 quejas frente a las 2.314 del año pasado, lo que supone un aumento del 2.654 por ciento. También crecieron las reclamaciones en materia de Fomento –desde las 243 de 2014 a las 457 del año pasado- o las relacionadas con la Función Pública –de 191 a 233-.
La tendencia contraria se experimentó, aunque en general de manera no demasiado llamativa, en el resto de asuntos como el medio ambiente, que fue la materia que mayor número de quejas registró en 2014, con un total de 377, y que este año se redujo hasta las 314; los bienes y servicios municipales también descendieron en el número de reclamaciones –de 376 a 352-; mientras que hacienda pasó de 178 a 129, unas cifras muy similares a las registradas en industria, comercio y empleos sociales.
Entre las actuaciones de oficio destacan las referentes a la Renta Garantizada de Ciudadanía, zonas de baño de Castilla y León, deficiencias en colegios, estado del agua de consumo o servicios sanitarios específicos. Además, de otras que están en trámite como los protocolos de actuación de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes ante el problema de los ciudadanos que sufren el síndrome de diógenes.
Asimismo, desde el 10 de diciembre de 2015 el Procurador del Común ha asumido nuevas funciones como garante de la transparencia. Con la entrada en vigor de la nueva Ley ha asumido las funciones para actuar en el caso de que cualquier ciudadano vea vulnerados sus derechos.