La presión de los pueblos afectados y la asociación estrecha el cerco sobre los vertidos del CTR
El Ayuntamiento de San Justo de la Vega y Gersul aseguran estar detrás de la pista de los vertidos, probablemente de lixiviados, del CTR de San Román de la Vega, para que la empresa concesionaria de la gestión del centro de tratamiento explique el tipo de residuos que está vertiendo sin control. Las actuaciones de ambas administraciones se producen como consecuencia de las denuncias de las junta vecinales y de la Asociación Plataforma Gestión Residuos.
Mientras el vicepresidente primero de la Diputación, Francisco Castañón, ha asegurado en el pleno celebrado este martes en la institución provincial que no descarta sancionar a la UTE Legio VI de confirmarse que no controla el vertido de lixiviados a los valles de la Calzada y Portugal, quienes no permanecen quietas son las juntas vecinales de Valdeiglesias, Villares de Órbigo, Estébanez de la Calzada, San Feliz de Órbigo y Santibáñez de Valdeiglesias, que han solicitado al Ayuntamiento de San Justo de la Vega que verifique quiénes son los responsables y qué tipo de residuos son los que están saliendo por el regato artificial construido para dar salida a las aguas de la depuradora del CTR, y que después de correr por los valles de la Calzada y de Portugal desembocan, sin ningún control, en una chopera de Santibáñez situada a un kilómetro y medio del límite del basurero provincial, muy cerca de los manantiales que surten de agua a Estébanez, Santibáñez y Hospital de Órbigo.
Vertidos CTR San Román de la Vega. Astorga Redacción.
En el escrito enviado por cada una de las cinco pedanías afectadas al Ayuntamiento donde se encuentra situado el centro de tratamiento, le reclaman que actúe como administración responsable de garantizar la correcta gestión del centro desde donde se producen los vertidos “habituales de aguas sin tratar que contienen lixiviados”, según sostienen las pedanías en los cinco documentos registrados el 31 de marzo, horas antes de que se celebrara el pleno en el Consistorio de la Vega del Tuerto, en el cual los pueblos afectados y la Asociación Plataforma Gestión Residuos hicieron acto de presencia para saber de primera mano la respuesta del alcalde, Juan Carlos Rodríguez, a la petición de que controle unos hechos que podrían ser constitutivos de delito contra el medio ambiente y de que, llegado el caso, prohíba la paralización de los vertidos.
Coalición en Común pregunta en la Diputación
Todo parece indicar que el Ayuntamiento y el Consorcio Provincial de Residuos, Gersul, están estrechando el cerco a la UTE Legio VI, porque ambas administraciones le han pedido información sobre las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre los vertidos del 27 de marzo. El vicepresidente de la Diputación contestaba este martes a la pregunta formulada por el grupo Coalición en Común (Izquierda Unida) que se están analizando los vertidos y no se descarta sancionar a la UTE.
De esta manera Coalición en Común se hacía eco en la institución de la que depende directamente Gersul de la denuncia de la asociación ante el Seprona de la presencia en el regato de “un chapapote negro con un olor nauseabundo y pestilente”, y ante esta situación el diputado Miguel Flecha preguntó si “va a tomar alguna medida la Diputación Provincial o proponer a la Asamblea de GERSUL que tome medidas, sean de investigación o disciplinarias contra la UTE Legio VII para comprobar la veracidad de estos vertidos y sancionar a los responsables de la gestión del centro”.
Ciudadanos pregunta en San Justo
Según el alcalde de San Justo, Gersul y la empresa concesionaria tienen desde hace una semana sobre la mesa la petición de “una explicación” pero aún no ha llegado al Consistorio de la Vega. Juan Carlos Rodríguez aseguró en el pleno celebrado el pasado jueves ante las juntas vecinales y la asociación, que las mismas explicaciones ya fueron solicitadas cuando los medios de comunicación publicaron el vertido ocurrido en la pasada Navidad, y la respuesta fue enviada a la Subdelegación del Gobierno y a la Consejería de Medio Ambiente.
Esto era lo que Juan Carlos Rodríguez contestó al concejal de Ciudadanos, Miguel Ángel Cuervo, quien le afeó que por parte del Ayuntamiento no ha habido ninguna declaración pública “a favor, en contra, o manifestando su intención de actuar” contra la UTE, “simplemente ha hecho oídos sordos, como que con ellos no va el tema”. El regidor, por su parte, ha señalado que “somos un ayuntamiento pequeño y llegamos hasta donde llegamos.
Lo que sí decimos es que nos duele tanto como a ellos que ocurran estas cosas“, en todo caso afirma no tener ningún soporte documental que indique que se trata de lixiviados, sino que la empresa concesionaria mantiene que es agua que se desborda por arriba de la balsa que los recoge cuando llueve intensamente. El concejal de Ciudadanos entiende que ”si le preguntas al ladrón si ha robado, lógicamente va a decir que no lo ha hecho. Es ridículo, parece mentira que nos quiera vender 'la moto' de esa manera“. Miguel Ángel Cuervo concluye que es probable que la falta de carácter para encararse a la empresa es ”la moneda de cambio del convenio que firmaron con la UTE“.
