Los sindicatos quieren reforzar la presión contra las multinacionales para evitar las deslocalizaciones
Los últimos anuncios de cierres empresariales de multinacionales de capital extranjero con centros industriales en Castilla y León, han puesto manos a la obra a los sindicatos CCOO y UGT, que han solicitado dentro de las mesas del Diálogo Social, que se dote de rango de ley el protocolo de 'Empresas en Crisis', con el reto de meter presión y evitar anuncios unilaterales como los de Lauki y Dulciora sin buscar previamente una solución negociada.
La propuesta será analizada este lunes por la Permanente del Consejo del Diálogo Social, con la vicepresidenta del Gobierno regional, Rosa Valdeón, como la encargada de recoger el guante sindical, para avanzar en estrategias para evitar más deslocalizaciones en una autonomía donde hay 135 empresas con facturaciones por encima de los cinco millones, de capital extranjero mayoritario, y que dan empleo a 40.000 personas, según las cifras de CCOO recogidas por Ical.
Las centrales sindicales prefieren que el protocolo adquiera rango de ley, aunque están dispuestas a negociar otras fórmulas legales, con el objetivo claro de que el Diálogo Social, “esté presente” en la resolución de cualquiera de estos conflictos. El planteamiento en el que se avanzará este lunes, ya se puso encima de la mesa el pasado jueves, en otro encuentro de responsables sindicales con el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, Mariano Gredilla.
Los sindicatos quieren “actualizar” el protocolo y elevar su rango para establecer una vía para que las multinacionales se vean obligadas por “ética” a comunicar cualquier decisión de este tipo, al instrumento creado al respecto dentro del Diálogo Social, la Fundación Anclaje, para lograr “reorientar la situación voluntaria y pacíficamente”. Fuentes de la negociación consultadas por Ical, explicaron que a nivel nacional, en Francia existe una legislación de este tipo, mientras que en España debería emanar del Gobierno por el rango competencial nacional, con lo que esa regulación legal del protocolo tendría siempre en la Comunidad, un carácter “voluntario”. Con todo, explicaron que dotar de “rango de ley” a la actuación en estas situaciones “tendría una función coercitiva de alguna manera” para estas empresas.
Las fuentes consultadas aclararon también que esta medida reflejaría que el comportamiento “ético y civilizado” que existe en Castilla y León con el Diálogo Social se trasladaría también a las crisis empresariales. Además, recordaron el “clima favorable” que existe en la Comunidad, con el reconocimiento estatutario del Diálogo Social, y la política de Responsabilidad Social Empresarial, que se desarrolla desde la fundación, a través del acuerdo marco de competitividad. “Ahora hay que dar un paso más”, dijeron, e insistieron en que “aunque no puede ser obligatorio, algo que desearíamos, sí se puede regular una especie de pacto ético con las multinacionales”.
El objetivo claro es que una norma de rango legal que “obligue de alguna forma” a las multinacionales a comunicar sus intenciones con tiempo sobre industrias productivas que son viables, que avisen a la Fundación Anclaje de su disposición a marcharse, para iniciar de inmediato un proceso negociador para encontrar soluciones que permitan sostener el sector productivo.
El protocolo actual presenta un sistema de alerta temprana para la recogida de información sobre posibles deslocalizaciones en el que participan todas las administraciones así como los agentes económicos y sociales. Tras una posible identificación de los actores, se elabora un informe de situación del sector y las posibilidades de mercado existentes. A partir de ahí se procede a la búqueda de alternativas y soluciones, con posibles compradores, estableciendo planes de inversión en zonas o definiendo posibles apoyos públicos. Así, el planteamiento de los sindicatos incluiría una “actualización” de su contenido para incluir esa petición a las multinacionales de un comportamiento ético con la Comunidad y sus ciudadanos, junto a su elevación a rango de ley.
La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el empleo en Castilla y León es una organización pública, de carácter tripartito, cuyos estatutos se aprobaron en diciembre de 2012, tras la fusión de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León y la Fundación para el Anclaje Empresarial de Castilla y León.
Los fines principales de este organismo son la promoción, difusión y colaboración en la gestión de la formación profesional para el empleo, con el fin de incrementar la empleabilidad de los trabajadores, así como cualificarles para acceder a un puesto de trabajo. De la misma forma contribuye de forma activa al desarrollo económico sostenible de la Comunidad, favoreciendo el anclaje y permanencia de las empresas, especialmente en aquellas zonas o sectores que sufren procesos económicos de deslocalización y reestructuración empresarial, promoviendo proyectos empresariales y de fomento del empleo que contribuyan a minimizar los efectos de esos procesos.
