Herrera reconoce que la Ley de la Dependencia fue “una buena idea” pero reivindica más financiación
El presidente de la Junta, Juan Vicente, reconoció hoy que la Ley de la Dependencia fue “una gran y buena idea y una feliz iniciativa” del Gobierno presidido por el socialista y leonés José Luis Rodríguez Zapatero, si bien insistió en que nació sin memoria económica y, tras diez años de su aplicación, es preciso que se modifique este aspecto dentro del nuevo sistema de financiación autonómica.
Así lo señaló Herrera durante la inauguración de la Jornada '10 años de aplicación de la Ley de la Dependencia', organizada por la Consejería para analizar la aplicación de la primera década de esta norma y, sobre todo, los retos y necesidades a las que se enfrenta, según remarcó el presidente de la Junta, quien mostró cierto “rubor” a la hora de hablar de este asunto ante los verdaderos protagonistas y los que trabajan cada día con las personas dependientes.
A pesar de las buenas palabras, Herrera recordó que desde “el minuto 1” esta Ley estuvo lastrada por el “grave defecto de origen” que supone la ausencia de memoria económica. Las expectativas de la Ley, recordó, hablaban de una aportación de fondos del Estado del 50 por ciento y otro 50 por ciento las comunidades autónomas. “La realidad es muy distinta”, subrayó el presidente, para asegurar que en el último ejercicio cerrado, el de 2016, la financiación de esta Ley fue de 534 millones de los que sólo 104 procedían del Gobierno central.
Por ello, recordó que Castilla y León ha reivindicado una mejor financiación de este servicio para que el futuro modelo de financiación autonómica incluya la atención a la dependencia y así se pactó con los grupos en las Cortes y se reivindicó, por parte de Herrera, en la reciente Conferencia de Presidentes, de la que salió una comisión de análisis de desarrollo y de retos de futuro de la Ley de la Dependencia.
En estos diez años, dijo, en los que se ha vivido la mayor crisis económica, la Junta se vio obligada a tomar decisiones y recortes en esta materia pero lo hizo, sostuvo, “desde la responsabilidad, el diálogo y pensando siempre en lo que era mejor para el sistema en momentos de zozobra y borrasca”. En ese momento, recordó, la Junta apostó por los servicios profesionales de Atención a la Dependencia que supone que el 78 por ciento de las prestaciones (12 puntos por encima de la media nacional) se ofrecen con servicios profesionales.
Al respecto, recordó que, tal y como se acordó en el último acuerdo del Diálogo Social, el compromiso de la Junta es que si se consigue esa mejora en la financiación se dedicará parte de esas cuantías a la prestación por cuidados familiares sin que ello suponga “una pérdida de su carácter excepcional”. “En Castilla y León sentimos el sistema como algo muy propio, que forma parte de nuestra apuesta por la sociedad donde los grandes ejes giran en torno a los servicios públicos”, remarcó Juan Vicente Herrera, para añadir que el hecho de que Castilla y León sea “referente” nacional de aplicación de la Ley se debe a los profesionales, al Diálogo Social y al trabajo en red con las corporaciones locales.
Tras enumerar los buenos resultados de la Comunidad, donde el 98 por ciento de las personas con derecho a prestación la tiene concedida, cuenta con una lista de espera “prácticamente inexistente” o la creacón de empleo en este sector de 9,82 empleos por cada 1.000 habitantes, Herrera aseguró que el principal desafío en esta materia es seguir mejorando la calidad del sistema, además de negociar una nueva financiación.
Nuevas medidas
Para ello, la Junta trabaja, dijo, en medidas contempladas en el último acuerdo del Diálogo Social. En concreto, mejorar el reconocimiento de derechos, reduciendo de forma progresiva los plazos de tramitación de las solicitudes de dependencia de seis a tres meses, seguir mejorando la calidad de los servicios, en este caso a través de la regulación de la acreditación del Servicio de Ayuda a Domicilio, a través de una Orden que se publicará este viernes, y aumentar la oferta de plazas residenciales públicas en el periodo 2017-2024, mediante la reconversión de 419 plazas de personas válidas en plazas de personas dependientes en las residencias de la gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, con un coste estimado de 20 millones de euros.
Asimismo, la Junta seguirá apostando por la prestación de asistencia personal, regulando la acreditación de las entidades que prestan servicio.
Finalmente, el presidente valoró como “factores de éxito” en los profesionales, en el diálogo social y el trabajo en red, donde destacó el papel de las corporaciones locales que han contribuido con recursos económicos y asistenciales propios, y la implicación del tercer sector desde el doble punto de reivindicación de derechos y la participación en la prestación de servicios. Castilla y León es la Comunidad que más beneficiarios tiene sobre el total de población parcialmente dependiente, hasta los 85.142 en 2016, un 16 por ciento más, con más de 109.000 prestaciones y con mayor capacidad para generar empleo.
