La resistencia a la autoridad y la falta de respeto a los agentes motiva una de cada cinco sanciones de la 'ley mordaza'
La resistencia a la autoridad, la negativa a identificarse y la falta de respeto a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado provocó el pasado año en Castilla y León una de cada cinco sanciones impuestas por la Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza', que entró en vigor en julio de 2015.
No obstante, el 57,3 por ciento de las 11.736 multas tramitadas el pasado año en la Comunidad (6.720) por esta norma, y cuyo montante ascendió a un total de 5,7 millones de euros, estuvieron relacionadas con las drogas y, en concreto, con al artículo 36.16 de esta polémica ley, que considera falta grave el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos.
Después de las drogas, y tal y como se recoge en un informe elaborado por el Ministerio del Interior, el mayor número de sanciones estuvo relacionada con las armas, ya que la ley castiga con falta grave llevar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, aún cuando se tuviera licencia. Por este motivo se tramitaron 1.711 sanciones (14,6 por ciento), buena parte por portar navajas en espacios públicos.
La tercera infracción más común son la falta de respeto a los agentes y el pasado año se tramitaron 1.493, el 12,7 por ciento del total. El artículo 37.4 estable como sanción leve las falta de respeto y consideración a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, mientras que por resistencia o desobediencia a la autoridad (artículo 36.6), considerado como falta grave, se interpusieron 845 multas (7,2 por ciento).
Antes de la entrada en vigor de esta ley, la falta de respeto a los agentes se sancionaba por la vía penal. En este apartado, buena parte de los expedientes se tramitan por los insultos proferidos por conductores a los agentes de la DGT y las policías locales cuando son multados.
Una de estas sanciones se interpuso a un periodista de 'Diario de Burgos' por desobediencia a un agente. El fotógrafo fue denunciado por no borrar las imágenes de un accidente laboral ocurrido en la fábrica de Skretting en Cojóbar. Las fotografías, publicadas al día siguiente por el rotativo burgalés, no mostraban ninguna escena cercana, ni el cuerpo de la víctima, y en ellas no era posible identificar a ninguno de los agentes de la Guardia Civil. Los agentes argumentaron la denuncia por acceder a una zona privada y por negarse a identificarse, algo que el profesional negó.
Por otra parte, también se considera falta grave causar desórdenes en las vías o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, motivo por el que se tramitaron 137 sanciones en la Comunidad (1,16 por ciento).
Para infracciones muy graves se establecen multas de 30.001 a 600.000 euros; las graves se castigan con sanciones de 601 a 30.000 euros, y las leves, con multa de 100 a 600 euros.
Por provincias, Valladolid se situó a la cabeza con 2.084 infracciones y un montante de 1,1 millones de euros, por delante de Salamanca, con 1.718 (966.225 euros), Burgos, con 1.699 multas (960.714 euros), Segovia, donde se emitieron 1.592 multas (481.577 euros ) y León, con 1.496 (881.372 euros).
Por el contrario, Soria se situó a la cola con 460 sanciones, cuyo montante sumó 150.664 euros, seguida de Palencia, con 551 multas (301.519 euros); Ávila, con 605 (274.220 euros), y Zamora, con 1.531 (628.340 euros).
Pago voluntario
El procedimiento administrativo de estas sanciones se inicia cuando las subdelegaciones de Gobierno reciben las denuncias por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Entonces se instruye un expediente que suele acabar en una resolución de sanción. Al igual que las multas de tráfico, si la sanción se paga de forma voluntaria, la cuantía de la multa se reduce a la mitad y el proceso se da por finalizado.
No obstante, el presunto infractor tiene un plazo de quince días para presentar alegaciones y pruebas, lo que generará un nuevo proceso de resolución, e incluso puede acudir a la vía judicial.
A nivel nacional, la proporción de las sanciones fue similar, ya que el 63,7 por ciento de las 197.947 multas impuestas se debió a la tenencia ilícita de drogas, por el 57,3 por ciento en Castilla y León; el 13,4 por ciento a uso indebido de armas, porcentaje que en la Comunidad fue de un 16,8 por ciento; mientras que las sanciones por seguridad ciudadana, 44.790, suponen el 22,6 por ciento, mientras que en Castilla y León representaron el 25,8 por ciento (3.028).
Derogación
Pero la esta ley parece tener sus días contados. El pasado mes de marzo se aprobó en el Congreso de los Diputados sendas proposiciones de ley presentadas por el PSOE y el PNV que pretenden sustituir la norma actual, que que el PP aprobó en solitario en 2015.
El PP acusó a la oposición de hacer demagogia asegurando que la norma impulsada por el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz no ha provocado ninguna regresión en los derechos de los ciudadanos, mientras que buena parte de los grupos parlamentarios han destacado que la solución no es la que proponen los socialistas de volver a la ley de 1992, la conocida como 'Ley Corcuera', que fue corregida por el Tribunal Constitucional, y que ha estado en vigor hasta el año 2011.
Entre otras cosas, el PSOE pretende derogar las sanciones a las personas que se manifiestan delante del Congreso y el Senado y por utilizar imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, buscan eliminar la posibilidad de que los periodistas se les requise ese material gráfico; imposibilitar los registros personales en lugares públicos y que no se considere infracción grave la falta de respeto a una autoridad pública o a un miembro de las fuerzas de seguridad.
Por su parte, el texto del PNV propone cambios en 44 preceptos de la conocida como 'Ley Mordaza' con el objetivo de que ésta sea “más respetuosa con los derechos fundamentales y las libertades públicas”.
