Corrupción contra datos económicos, así será el debate sobre el estado de Castilla y León
El presidente de la Junta reconoció recientemente que existen “alarmas”, en referencia a los casos de presunta corrupción que salpican a su Gobierno, que no había vivido en los 16 años al frente de la Presidencia de la Comunidad. Los procesos judiciales que investigan las presuntas irregularidades en la compra del edificio administrativo de Arroyo y terrenos en polígono de Portillo y en la autorización de parques eólicos que han llevado a la oposición a pedir su dimisión marcan el escenario del debate de política general que comienza mañana en las Cortes y centrarán gran parte de la estrategia de la oposición.
El repaso de su gestión del último año, el cumplimiento de los objetivos marcados en el debate de junio de 2016 para esta etapa o la recuperación del empleo, con 53 meses de descenso continuado del paro conforme a los datos de mayo, que permitiría cumplir su promesa de investidura de llegar al millón de ocupados en 2019, pueden quedar en segundo plano en el debate del estado de la Comunidad por la evolución judicial de estos casos.
Herrera enmarcó el presunto cobro de comisiones por la autorización de parques eólicos -80 millones según la Fiscalía Anticorrupción- como una “corrupción de personas”, no de la administración, aunque consideró el caso de “enorme gravedad”. En ese momento, Tomás Villanueva no estaba citado en los juzgados, ahora ya ha sido llamado a declarar en calidad de investigado (antigua figura de imputado) en los dos casos, en octubre y en noviembre.
No ha sido un buen año para el presidente de la Junta. El pasado mes de septiembre la entonces vicepresidenta, consejera de Empleo y portavoz, Rosa Valdeón, dimitió de sus cargos en el Gobierno después de dar positivo en alcoholemia tras un incidente de tráfico. Herrera se vio obligado a introducir cambios no previstos en su Gabinete. El entonces portavoz del PP en las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, accedió a la Consejería de Empleo; la titular de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, es nombrada portavoz del Ejecutivo y el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, fue designado vicepresidente.
Hace un año el presidente comprometió seis proyectos de ley y una veintena de planes y estrategias. De los textos normativos está aprobado por las Cortes la Red de Protección a Personas y Familias, mientras que están en tramitación en la Cámara los de atención a víctimas de terrorismo y mapas rurales. Pendientes de aprobación por la Junta los de transportes de viajeros y del diálogo civil y democracia participativa. Con el apoyo de Ciudadanos salieron adelante, además, las leyes del Alto Cargo y garantías para los informantes.
Sin embargo, uno de sus proyectos estrella, la aprobación de los mapas rurales para culminar el modelo territorial comprometido en 2011, se encuentra bloqueado en las Cortes. El Grupo Popular ha pedido la cuarta prórroga ante la falta de consenso, ya que se necesitan dos tercios para su aprobación y el Grupo Socialista ha dicho no al texto remitido por la Consejería de la Presidencia.
También está aparcado desde hace un año la reforma del Estatuto de Autonomía. La Junta envió a los grupos parlamentarios un texto articulado con posibles reformas, pero los diferentes partidos decidieron emprender la reforma al margen, con la creación de un grupo de trabajo que debería estudiar las propuestas de todos los grupos que están encima de la mesa, pero decidieron parar la tarea hasta después de las elecciones de junio de 2016 y, desde entonces, no ha retomado su actividad. De los cuatro acuerdos suscritos entre el presidente y los portavoces de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos se han firmado el de financiación autonómica y plan director de promoción industrial y están aún sin resolver la reforma del Estatuto y la culminación del modelo territorial.
Economía y población
El debate se celebra una semana después de la aprobación de los presupuestos de este año, que por segunda vez no se presentan como marca la normativa, en octubre del año anterior. El PP sacó las cuentas con la abstención de Ciudadanos y UPL, si bien, pese a la constante invitación a través del número de enmiendas aceptadas, no consiguió que votarán a favor.
Las relaciones entre Junta, PP y Ciudadanos no se encuentran en su mejor momento, ya que, aunque ha permitido la aprobación de los presupuestos, la denuncia de la formación naranja de que los acuerdos se incumplen es constante, si bien defiende que es mejor la estabilidad y que la Comunidad tenga cuentas.
Entre los datos económicos, la Junta estima una subida del PIB regional del 2,5 por ciento, que empujará el empleo un 2,1 por ciento en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, y una tasa de paro del 14,1 por ciento de la población activa. Según el Ejecutivo entre mayo de 2015 y de 2017, se ha pasado de 201.259 parados a 165.272 -último dato de mayo-, lo que supone que casi 36.000, en concreto 35.987 han salido del paro en estos dos años.
La población de Castilla y León presenta un saldo vegetativo negativo en 2016, al producirse una diferencia entre los nacimientos y las defunciones de 11.698 personas, que indica que la Comunidad es la segunda en perdida, solo por detrás de Galicia, con un balance también negativo de 12.683 personas. Según el padrón publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2017, la Comunidad perdió en el último año 23.124 habitantes y cerró su población con menos de 2,5 millones, en concreto con 2.424.395, lo que supuso una reducción del 0,9 por ciento.
En el congreso autonómico celebrado el pasado 1 de abril, se inauguró una bicefalia -se visualizará en el debate- entre el presidente de la Junta y quien tomó el liderazgo del partido, Alfonso Fernández Mañueco, exnúmero dos, alcalde y procurador en las Cortes por Salamanca, además de presidente del Grupo Popular en el Parlamento de la Comunidad.
