Piden más de un millón de euros a Martín Villa para eludir la cárcel por crímenes franquistas
La causa abierta por la jueza argentina María Servini de Cubría contra el exministro leonés en la etapa franquista y en la democrática, Rodolfo Martín Villa, y otros catorce imputados por presuntos delitos de lesa humanidad ha sufrido una nueva vuelta de tuerca que amenaza con no poner fin a este proceso judicial.
En una de sus últimas resoluciones, la magistrada acaba de imponer a Martín Villa una abultada fianza de de 21.250.000 pesos (al cambio, más de un millón de euros), para que el político leonés pueda eludir la prisión en aquel país. Una decisión que la defensa del exministro ha apelado ante un tribunal de segunda instancia, confirma hoy el diario Público.
Martín Villa (tercero por la derecha) fue jefe provincial del Movimiento de Barcelona y exministro de Relaciones Sindicales bajo la dictadura.
La jueza estableció la fianza en concordancia con una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, la cual revocó el pasado 22 de agosto un fallo de su Juzgado en el que Servini denegaba su posible exención de cárcel, por segunda vez.
Según el periódico digital, la defensa del exministro de Relaciones Sindicales aún en pleno régimen franquista y jefe provincial del Movimiento en Barcelona, entre otros muchos cargos, consideró esta cuantía excesiva y recurrió hace una semana la caución dictada por la jueza. Próximamente la Cámara de Apelaciones escuchará los nuevos argumentos del abogado defensor de Martín Villa contra esta nueva decisión.
La situación judicial se está enrocando. Por un lado, el propio Rodolfo Martín Villa se ha manifestado dispuesto a comparecer ante la jueza argentina para defender su inocencia del delito que le imputa, considerándole responsable de “la represión de la concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976 en la que fueron asesinados Pedro Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral, y en la que hubo más de cien heridos, muchos de ellos por armas de fuego”. El delito de lesa humanidad no prescribe.
Sin embargo, el Gobierno de España ha optado por protegerle a él y a otro leonés que estuvo imputado, Fernando Suárez, ministro de Trabajo bajo el régimen de Franco, amparánadose en la Ley de Amnistía de 1977, según ha defendido el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Pero mientras no se resuelva el nuevo episodio de la elevada fianza impuesta para eludir la cárcel, continuará vigente la orden de detención internacional que pesa sobre el leonés, uno de los quince imputados, de los veinte originales, que quedan vivos en la causa.
