El proyecto inmobiliario fracasado de Orozco Building se juzgará en la Audiencia de León en febrero
Tras varios retrasos, ya hay nueva cita para que los dos acusados del proyecto fracasado de Orozco Building se sienten en el banquillo de los acusados. La fecha elegida son los días 19 y 20 de febrero en la Audiencia Provincial de León. Se juzgará a los responsables de un complejo de 90 viviendas en Trobajo del Camino proyectado y vendido, pero cuyos inmuebles se encontraban presuntamente embargados.
Según las calificaciones provisionales de la Fiscalía a las que ha tenido acceso este periódico, los dos acusados, responsables de la compañía, adoptaron el 29 de octubre de 2014 la ampliación de capital social. Así, en el transcurso de actividad de la empresa proyectaron la construcción y venta de un edificio de 90 viviendas, locales y garajes en la calle Peregrinos de Trobajo del Camino en un local que había adquirido la promotora.
Para financiar el local y la construcción de los inmueble, Orozco Building, por medio de sus administradores, los dos acusados, obtuvieron de la actual Caja Mar un préstamo hipotecario por valor de 9,5 millones de euros que percibieron íntegramente y que a fecha de 29 de agosto de 2016 no había sido devuelto por lo que se embargaron los inmuebles.
Según el mismo auto, las operaciones de venta de pisos se efectuaron de forma directa como a través de inmobiliarias y se formalizaron los contratos de compraventa o de arras con las personas al respecto de los inmuebles.
El importe abonado por éstas personas no fue utilizado para la promoción de Trobajo del Camino sino que fue destinado por los dos acusados para llevar a cabo otra construcción que tenían proyectada en Benalmádena. Previamente, ambos habían solicitado un segundo préstamo en este caso de 7,6 millones a Caja España poniendo como garantía las fincas de Benalmádena. La situación derivó con un segundo embargo, en este caso de Caja España, del inmueble de Léon.
El Ministerio Público, por su parte, cifra el dinero entregado en concepto de arras o adelanto por parte de los compradores a 322.000 euros. Por eso considera que los dos procesados son autores de un delito continuado de apropiación indebida por lo que reclama una pena de seis años de cárcel a cada uno de ellos así como la devolución de las cantidades recibidas.
No obstante, la acusación particular cifra el dinero entregado a los comprados en 1,2 millones de euros, mientras que el del préstamo está cifrado en 9,5 millones de euros por lo que la presunta estafa asciende a casi 11 millones de euros. Considera así que además del delito de apropiación indebida, los acusados son autores de un delito de estafa.
Las defensas lo niegan
Las defensas de ambos procesados lo niegan. En el caso de uno de ellos, asegura que su patrocinado únicamente tenía un 14% de la compañía y que no participó directamente en la compra-venta y que no recibió directamente ninguna de las cantidades entregadas por los compradores.
También afirma que las viviendas proyectadas fueron finalizadas y se obtuvo la licencia de primera ocupación y que la negativa de los compradores a escriturar las viviendas tuvo como efecto la ejecución de la garantía hipotecaria por parte de Caja Mar y la adjudicación o remate de las mismas a terceros, algunos de los cuales son los propietarios originales, denunciantes a su vez en este procedimiento. Por todo ello, reclama su libre absolución.
