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En el caso de que el proyecto legislativo del Gobierno que pretende suprimir las juntas vecinales se aprobase tal cual, cabría plantear un recurso de inconstitucionalidad. Así lo ha afirmado el asesor jurídico de la Federación de Entidades Locales Menores de León, Carlos González Antón, presente este sábado en la primera jornada de trabajo de las federaciones de estas entidades en todo el noroeste de España.

González Antón confía, no obstante, en que antes de la elaboración de la ley se incluyan modificaciones porque "no tiene ningún sentido". En el caso de que entrase en debate parlamentario, sería a través de las enmiendas como podrían atacar una norma que supondría el fin de unas organizaciones "necesarias en el mundo rural por la forma en que prestan servicios" y que ha calificado como "lo más cercano a los ciudadanos desde el punto de vista democrático".

Además, el asesor opina que en el caso de Castilla y León, en el que el Estatuto de Autonomía prevé la figura de las entidades locales menores y exige que los poderes políticos las defiendan, la Junta podría plantear un "conflicto de competencias por ver invadidas las competencias de desarrollo de régimen local que tienen atribuidas".

Por otra parte, según ha explicado González Antón, la Carta Europea de Autonomía Local recoge principios que cumplen a rajatabla los entes menores, por lo que considera que una supresión podría ser "impugnable ante los tribunales europeos".

A la reunión de este sábado en León han acudido representantes de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales, la Federación Navarra, la Plataforma Gallega, la Asocaición de Concejos de Álava, la Federación Independiente de Cantabria, las organizaciones de Burgos y Palencia y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, lo que supone el 90% de las entidades menores de toda España. "Esta primera jornada de trabajo servirá para que cada uno exponga cuál es su estado organizativo y establecer una coordinación de forma horizontal y colaborativa para oponerse a la supresión de este primer escalón de administración local", ha asegurado el asesor.

El principal objetivo, además de paralizar los planes del Ejecutivo, es "crear una voz propia independiente de partidos políticos y sindicatos" que podría marcar un punto de inflexión en estas administraciones. "Hasta ahora se ha legislado sin oírnos, eso es lo que queremos evitar".