Medidas urgentes para dar salida a 3.000 viviendas en stock en León
La Junta ha planteado cuatro paquetes de medidas urgentes con el fin de dar salida a las miles de viviendas vacías existentes en la Comunidad, tanto las públicas que pertenecen a las administraciones como las protegidas. El propósito es reducir las 3.000 viviendas en stock que a día de hoy se contabilizan en la provincia de León.
El director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Ángel Marinero, explicó que la crisis ha obligado a tener en cuenta a una serie de colectivos de especial protección a la hora de acceder a la vivienda, como son las familias con todos los miembros en situación de desempleo, deudores hipotecarios, personas que han perdido el derecho a usar la vivienda que es su domicilio habitual, o personas que habitan en viviendas con deficientes condiciones de habitabilidad.
El programa de fomento del alquiler de la Junta pretende dar salida a las viviendas con dificultades para su venta o alquiler, y tendrán un coste de entre 230 y 418 euros en el caso de León, dependiendo de la superficie del inmueble, precios que en el caso de Ponferrada oscilarán entre los 222 y los 400 euros.
Por otro lado, como medidas a medio o largo plazo, tanto la Junta como los Ayuntamientos de la comunidad de más de 20.000 habitantes deberán gestionar un parque público de alquiler social, integrado por viviendas de protección pública y por alojamientos protegidos.
También se contemplan medidas para facilitar el pago de las cuotas de la compra de una vivienda, como la moratoria en el pago de la cuota mensual o la reestructuración de la deuda pendiente de amortizar en un máximo de cinco años, lo que conllevará la reestructuración de la deuda. Igualmente se pretende facilitar el pago del alquiler, con la moratoria en el pago de la renta mensual, la reducción de esa renta o la reestructuración de la deuda pendiente.
De la misma forma, se ha reservado un número de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social, alrededor de una decena en la provincia de León, destinadas a “casos extremos” y con el propósito de que “ninguna familia se quede debajo de un puente”.
Además, la duración del régimen legal de protección de las viviendas de protección pública podrá reducirse a diez años si la vivienda no ha sido objeto de previa transmisión, que se cancele el préstamo hipotecario o a la devolución de las subvenciones o ayudas que se percibieran.
