Los capellanes católicos seguirán cobrando por acudir a hospitales públicos
La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León desestimó este viernes la petición del Grupo Socialista de suspender el convenio de colaboración para la prestación de asistencia religiosa en los hospitales de Sacyl, ya que en opinión del Grupo Popular es “oportuno” mantener este servicios por ser “demandado y bien valorada”.
En la defensa de la proposición no de ley, el socialista Fernando Rodero pidió la suspensión del convenio firmado en 2004 entre la Junta y los obispados para el servicio de atención religiosa en los hospitales de Sacyl. Rodero explicó que el coste de este servicio supera el millón de euros al año y añadió que esa asistencia no puede estar en la cartera de sanitaria.
Junto a los criterios de racionalidad económica, recortes aplicados por la Junta y austeridad en el gasto, el procurador defendió la libertad religiosa, y desde el respeto a la misma, estimó que se deben superar los “agravios comparativos” y que la sociedad española “ha cambiado mucho desde 1979”.
Rodero rechazó el argumento del PP de que este servicio se utiliza por muchos ciudadanos e insistió en que “no es una cuestión de estadística, sino de respeto”, a la vez que recordó al PP que son muchas las personas que se oponen al copago sanitario y a los recortes que se aplican por la Junta y el Gobierno, así como al retroceso en derechos.
Por su parte, el procurador del PP Jerónimo García apeló también al respeto de cualquier creencia religiosa y recordó que la Consejería de Sanidad asumió en 2004 junto a la asistencia sanitaria el convenio vigente entre el Estado y la Santa Sede, suscrito en 1985 por un Gobierno socialista.
Además, defendió que desde 2009 también se han producido ajustes en ese servicio en el número de capellanes y en las retribuciones y abogó por mantener este servicio como una oferta “oportuna, valorada y demandada”, según explicó el procurador a Ical.
En el año 2012, el gasto en personal en esta materia ascendió a 826.863 euros y el número de capellanes disponibles a 42. De ellos 9 prestaban sus servicios en los Hospitales de León y de el Bierzo, con un coste trimestal de 41.773 euros.
En los antecedentes de la inicitiva socialista, se explica que esta asistencia religiosa se sufraga con cargo al “erario público” por un importe de 18.000 euros al año por cada capellán que preste dicha asistencia a tiempo completo y el 55 % de dicho importe para aquellos que lo presten a tiempo parcial. Es decir, este servicio supone alrededor de 700.000 euros anuales de dinero público
