Colectivos leonesistas se activan contra la Fundación Villalar
Varios colectivos leonesistas, entre los que se encuentran Esllabón Lleonesista, Agora País Llionés y Juventudes Leonesistas han solicitado la disolución “de inmediato” de la Fundación Villalar, al entender que tiene un carácter “adoctrinador” basado en “manipulación y mentiras” y que trabaja al servicio de unos intereses “ajenos a la sociedad”, tanto leonesa como castellana.
Por ello, estos colectivos rechazó la presencia, prevista para el jueves y viernes de esta semana en la ciudad de León, de los responsables de esta fundación y de la celebración de cualquier tipo de actividad por parte de la organización. De ahí que el próximo jueves se haya convocado a los ciudadanos a concentrarse en el cruce de la avenida de San Marcos con la calle Fajeros para protestar por una serie de actos convocados.
Esllabón Lleonesista estimó a través de un comunicado que la actuación de la Fundación Villalar es “adoctrinador” desde el momento que su fin principal es, según se recogen en sus estatutos, “acrecentar el sentimiento de pertenencia de los castellanos y leoneses a una comunidad con identidad propia”, omitiendo “deliberadamente” la identidad e historia leonesa a favor “de lo castellano únicamente”.
También se criticó que la Fundación Villalar manipula y miente cuando en sus actividades, publicaciones o eventos se “ningunea” la historia leonesa, se asegura que León y Castilla han sido un único ente desde los primeros vestigios de la raza humana hasta hoy en día, es decir, la falta de rigor histórico no importa a la hora de llevar a cabo su labor “adoctrinadora”.
Por otro lado, se consideró de “extrema gravedad” que esta fundación, con el beneplácito de la Consejería de Educación, tenga permiso para “modelar al gusto de su estilo manipulador” la educación de los alumnos leoneses, pretendiendo jugar “a base de falsedades históricas y de la deformación de la situación actual” con las mentes de unos estudiantes que deberían de formarse como ciudadanos “libres y no como rehenes de los intereses partidistas” de los responsables de la fundación.
Unido a la “inutilidad” demostrada de esta fundación, su mantenimiento supone un gasto de dinero público “de sobrada falta de utilidad pública” a pesar de declararse como una fundación que se declara “independiente y privada”. También incluye en sus estatutos a los miembros del Gobierno autonómico, una composición que da lugar a no dejar claro si dicha financiación pública es “íntegramente para las inútiles labores de la fundación o para justificar los cargos públicos que la forman”.
Por todo ello, se exigió que todos los representantes públicos se desliguen de la fundación, que se retire todo tipo de financiación pública para ella y, sobre todo, que no se permita organizar ningún tipo de acto u evento mientras siga apoyando los “engaños” en los que se basa su línea, incluso se prohíba su actividad “adoctrinadora” propia de estados “antidemocráticos y faltos de libertad”.
