Diputación pagó de más a Triana cuando se llevaba bien con Carrasco y sólo reclamó tras romper relaciones

El Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de León fue el escenario hoy de los coletazos de un encontronazo judicial que personalmente mantuvieron la presidenta de la Diputación de Leon, Isabel Carrasco, y la ex trabajadora provincial Triana Martínez, hoy encarcelada por el asesinato de aquella, hija de la autora material confesa de los disparos mortales el 12 de mayo.

En resumidas cuentas, la Diputación reclama a Triana 6.583 euros de los más de 11.000 que la institución entendía que Triana Martínez habría cobrado de más entre los años 2007 y 2011 por un complemento específico que no le correspondería, al tener concedida la compatibilidad para realizar trabajos otros trabajos ajenos a la institución desde el 2 de julio de 2007.

Lo cierto es que Triana cobró todo ese complemento, sin la rebaja del 30% que se había acordado en esa fecha, pero también lo es que nadie puso reparo alguno hasta que las excelentes relaciones personales entre la funcionaria interina y la presidenta no se truncaron abruptamente desde que una reunión personal entre ellas y la tensión provocada por un contrato de 26.000 euros a la empresa donde trabajaba la pareja sentimental de Carrasco, ambas exclusivas publicadas por iLeon.com. Estos han sido en sus declaraciones ante la jueza que instruye el caso por el asesinato de la presidenta uno de los argumentos esgrimidos por Triana Martínez para demostrar la persecución a la que aseguraba estar siendo sometida de manera personal por Carrasco.

Sentencia en contra para la Diputación

De hecho, tanto la inicial reclamación de los 11.000 euros, que la Diputación ya perdió por sentencia firme de febrero de 2013, como la declaración de lesividad que se juzgaba hoy fueron impulsadas personalmente contra Triana Martínez por Isabel Carrasco, a través de sendos decretos de la Presidencia. Carrasco apuraba así la última opción para demostrar que la presunta deuda de la ex funcionaria interina “perjudica al interés provincial”, según reza ese decreto firmado de su puño y letra.

La defensa pone en duda todo el procedimiento

Hoy el abogado de Triana Martínez, que ha reconocido el cobro a mayores y la concesión e la incompatibilidad, ha defendido sin embargo que todo el procedimiento administrativo en su contra estaba plagado de “vicios de invalidez”: desde la ausencia de un preceptivo informe de la Secretaría en el acuerdo de la Junta de Gobierno de 2013 hasta la caducidad del procedimiento, que entiende que es de seis meses, así como el hecho de que en ese plazo no se le notificara por ninguna vía a la ex trabajadora. Es más, esgrimió la “ilegalidad” de haberle concedido esa incompatibilidad, que tampoco le dejaba opción a renunciar a ella. “Se le concedió una incompatibilidad que no se podía haber producido y se le pagó lo que no se debía pagar”, resumió.

La Diputación niega mala fe

Por su parte, el letrado de la Diputación leonesa considera esa concesión de compatibilidad “un acto firme y consentido” por Triana Martínez, ya que ella habría presentado esa petición de compatibilidad y conocía que conllevaba una rebaja sustancial del complemento específico en cada nómina.

Por ese motivo, el abogado defendió que la denunciada “lo siguió cobrando a sabiendas de que no le correspondía”. Entre otros con este mismo argumento, también negó que hubiera mala fe por parte de la institución y se reafirmó en que Triana debe reintegrar los más de 6.000 euros porque “afecta al interés público, en tanto que causa un perjuicio a la Diputación” como institución pública.

Expectación de medios

En los pasillos, en la sala de lo Contencioso y sobre todo en el exterior de los Juzgados de Sáez de Miera se produjo una inusitada expectación de medios de comunicación, varios de ellos televisiones nacionales para programas matutinos de máxima audiencia, para conocer los detalles de un proceso en realidad meramente administrativo y muy farragoso, pero que ha generado mucho morbo al hilo de la violenta muerte de Carrasco a manos de la madre de Triana Martínez, Montserrat González, según ella misma confesó. Y eso que, como era lógico, ya se sabía que la ex trabajadora de la Diputación no acudiría a la vista oral.