El juez Ruz lleva a juicio a 45 acusados del' caso Gürtel'
De esas 45 personas, 21 se sentarían una sola vez en el banquillo, por los hechos de la pieza que ahora se desglosa. Las otras 24 personas siguen como imputadas en la causa principal o en las piezas separadas que se abrieron en momentos anteriores. Sin perjuicio de mejor concreción, los imputados se enfrentan a 11 delitos que son: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Publica, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.
En su auto, el juez además ofrece acciones a los ayuntamientos de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Madrid por los posibles perjuicios sufridos y pone en conocimiento del PP al objeto de informarle de su derecho a personarse como partícipe a título lucrativo, en relación con los hechos vinculados a Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, y que con su actuación pudieron generar un ilícito beneficio para la formación política cifrado en 236.864 euros.
Esta nueva pieza, como su nombre indica (“1- época, 1999- 2005”), refleja una serie de operaciones investigadas a la trama organizada en torno a Francisco Correa desde 1999 hasta 2005 y determinados hechos que se extienden a los años posteriores.
El juez explica que hasta ahora, lo más procedente era mantener la instrucción en un único procedimiento. Pero después del recorrido que ha seguido la investigación durante estos años ante varios instructores, todos los informes periciales aportados, las 183 comisiones rogatorias a 21 países y habiéndose resuelto los incidentes de nulidad planteados por las defensas es ahora cuando corresponde desglosar la causa, para impulsar la investigación hacia el enjuiciamiento: “Resulta posible escindir determinados hechos cuya investigación se encuentra prácticamente concluida, posibilitando su pronto y eventual enjuiciamiento, sin que por ello exista riesgo de ruptura de la continencia de la causa”.
El auto menciona las sociedades Teconsa y Sufi pero también la empresa Spinaker 2000 para la organización de alguna campaña electoral del Partido Popular y para canalizar las ganancias ilícitas en otros negocios. Teconsa era la principal empresa del grupo leonés de los Martínez Núñez.
Ruz se apoya en doctrina fijada por el Tribunal Supremo en materia de delitos económicos para “escindir determinados hechos en una pieza separada”. Cita sentencias como la del llamado “caso Banesto” o la más reciente del “caso Hacienda”, para desglosar en piezas la investigación y evitar así efectos perniciosos como dilaciones indebidas o convertir la causa en un macrojuicio inabarcable.
Los hechos investigados que se dan por concluidos alcanzan a los primeros seis años de la trama (el juez señala que los imputados actuaron durante una década) y a operaciones en Castilla y León y la Comunidad de Madrid, además de Estepona.
El magistrado recoge el prolijo informe de la Fiscalía Anticorrupción que relata las operaciones en Majadahonda, Pozuelo, ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid, Comunidad de Castilla y León y Estepona, “sin perjuicio de que algunas conductas se extendieron a años posteriores” o que se incluirán también en otras piezas posteriores. Ya el auto del juez deja entrever que se centrarán en los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Alcalá de Henares, así como en aquilatar algunos delitos fiscales y de la estructura completa del blanqueo de capitales.
El magistrado relata toda una operativa desarrollada en estos municipios por los 45 imputados para conseguir adjudicaciones ilícitas para sus empresas, mediante un entramado de sociedades por las que se canalizaban las dádivas, pagos de comisiones y pagos a proveedores a través de un sistema de facturación falsa. Sirviéndose de sociedades creadas a lo largo de estos años, se permitía la facturación irreal entre ellas, encubrían las comisiones cobradas por los imputados, se facilitaba la concesión irregular de contratos públicos, adjudicaciones de distintas obras y se ocultaba a las autoridades y Hacienda esos beneficios ilícitos.
Asimismo, el juez ha investigado a través de las 183 comisiones rogatorias, todo un entramado de sociedades y cuentas ubicadas en el extranjero para conseguir la expatriación de los fondos ilícitos acumulados.
Los 45 imputados son políticos (y en algunos casos sus familias), empresarios y miembros de la trama. Entre otros, los presuntos responsables Francisco Correa, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo e Isabel Jordán, Álvaro Pérez, los ex tesoreros del PP, Ángel Sanchís, Álvaro de Lapuerta y Luis Bárcenas; su esposa Rosalía Iglesias; ex alcaldes como Guillermo Ortega, Jesús Sepúlveda, Alberto López Viejo, Jesús Merino, Ricardo Galeote, José Luis Penas, Iván Yáñez, Luis de Miguel o Jacobo Gordon.
