La Diputación rechazó hace 5 años los mismos 22 parques comarcales de bomberos que proponía la Junta

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C.J. Domínguez

Es curioso cómo en tan poco tiempo se puede cambiar tanto de opinión. El problema es cuando se hace con un asunto tan delicado y sensible como los incendios urbanos en los pueblos, es decir, los que amenazan a más de la mitad de la población de la provincia leonesa.

Porque hace cinco años, en mayo de 2009, toda la Diputación, incluido el PP que gobernaba con Isabel Carrasco a la cabeza, rechazó de plano con un durísimo informe la propuesta de la Junta para solucionar la ilegal desprotección de los pueblos leoneses ante los incendios.

Un año antes, en 2008, la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento que dirigía, como hoy, el leonés Antonio Silván, proponía una red de 22 parques de extinción idéntica a la que ahora han anunciado. Pero con la importante diferencia de que preveía esos parques de bomberos con profesionales de la extinción en su mayor parte, lo cual ahora se pretende solventar con funcionarios municipales y voluntarios adiestrados.

Exactamente, los parques previstos eran: Astorga, Bembibre, Benavides, Boñar, Cistierna, Fabero, La Baña, La Bañeza, La Pola de Gordón, Mansilla de las Mulas, Puebla de Lillo, Puente de Domingo Flórez, Riaño, Sahagún (que atenderá a provincias limítrofes), Soto y Amío, Toreno, Truchas, Valencia de Don Juan, Villablino, Villafranca del Bierzo y, por supuesto, los parques ya existentes de León y Ponferrada, los cuales no cubrirían más que sus municipios más cercanos. El borrador de este plan venía firmado por el también leonés responsable de la Dirección General de Protección Civil, Luis Aznar.

Pero la Diputación leonesa encontró muchos más fallos y problemas en las estimaciones y propuestas de la Junta que beneficios. Y encargó un informe técnico que después de más de un año de la propuesta autonómica la 'atacaba' con dureza.

En base a este informe técnico, que entregó a los grupos el diputado Jaime González por delegación de la presidenta, Isabel Carrasco, se rechazaba de plano la propuesta de los 22 parques de bomberos por multitud de problemas encontrados. Lo curioso es que hoy, cinco años después, Diputación y Junta reavivan los 22 parques pero con la polémica de dejarlos en manos exclusivamente municipales y con personal de los ayuntamientos. Lo cual ya ha encontrado numerosos posicionamientos en contra.

Los reparos más fuertes de la Diputación a la intención de la Junta, en cumplimiento de su propia Ley de Seguridad Ciudadada, eran los siguientes: por un lado, Silván pretendía que los parques atendieran también a los incendios forestales, inundaciones, catástrofes con mercancías pelígrosas o riesgos químicos, o sea, muchísimo más que los incendios en viviendas y naves de los pueblos. El informe “no lo estima adecuado” en absoluto.

Además, “al incluir el riesgo de incendios forestales, está distorsionada la clasificación de riesgos de las zonas” en las que se dividía la provincia. De modo que León y Ponferrada aparecían con “riesgo moderado” mientras Santas Martas, Berlanga o Priaranza tenían “riesgo alto”. Algo que el informe afeaba.

Pero curiosamente, la Diputación asumió entonces que la situación contra los incendios urbanos en la provincia no era tan grave como defendía Protección Civil. El informe provincial hablaba de “poco realista y alarmante” el hecho de que la Junta no contabilizara los “muchos medios” de extinción repartidos por toda la provincia. Lo cual “evidencia una falta de protección del territorio a todas luces exagerada”.

74 municipios entre “riesgo alto” y “extremo”

La documentación de la Junta evaluaba entonces el “riesgo estadístico” de todos los municipios leoneses, determinando que ocho municipios sufrían un “riesgo extremo”. Se trataba de los casos de Bembibre, Villablino, Astorga, La Bañeza, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre. Otros dos ayuntamientos con “riesgo muy alto”, 64 más con “riesgo alto”, 112 municipios con “riesgo moderado” y 25 municipios con “riesgo bajo”. Entonces, la Diputación no entendía en base a qué criterios se hacía esta distinción.

Otras 'lagunas' observadas por los técnicos provinciales es que no se distinguía entre construcciones en altura de las ciudades y las casas bajas de pueblo. Y tampoco se tenían en cuenta los polígonos industriales.

Pero casi lo más grave de todo, que pesó mucho para que la Diputación diera un rotundo 'no' a la intención de la Junta, es que ni por asomo había un estudio del coste de implantación del sistema propuesto y, sobre todo, del mantenimiento del mismo, teniendo en cuenta que la competencia legal se repartía entre las diputaciones y la propia Junta.

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