El PSOE pide a la Junta que averigüe cuánto cobran los colegios concertados por conceptos “no legales”
El PSOE quiere que la Junta de Castilla y León averigüe qué centros privados concertados con dinero público de la provincia de León, y del resto de la Comunidad, están cobrando a las familias por conceptos que “no son legales”, tales como “desgaste de patio” o “monitorización de notas”, que “en algunos casos son más del 40% a mayores de la cuantía” establecida, y que “haga públicos esos datos de los colegios donde está ocurriendo y actúe para impedirlo”.
Así lo reclamaron hoy las procuradoras en las Cortes por León del PSOE Ángela Marqués y Teresa Gutiérrez en rueda de prensa, en la que denunciaron además que la Junta ha destinado en los últimos cinco años más de 254 millones de euros para esos centros privados con concierto público, mientras los “importantes recortes” siguen siendo la tónica en los centros netamente públicos leoneses.
Unos recortes que “afectan gravemente a las familias en peor situación económica”, que enumeraron de manera prolija ambas parlamentarias y que demuestra, según explicó Gutiérrez, que “las medidas” que adopta el PP desde la Junta de Castilla y León “perjudican a la escuela pública en detrimento de la privada y concertada”.
Amén de la pérdida de plazas de profesores, se han desmantelado por completo las ayudas autonómicas a las escuelas municipales de música y a la educación de adultos, el programa Madrugadores y los apoyos económicos a las escuelas infantiles de 0 a 3 años que mantenían los ayuntamientos, así como severos descensos hasta dejar casi inoperantes programas como el que paliaba el fracaso escolar, el aumento del uso de nuevas tecnologías y, por supuesto, las ayudas a libros de texto.
La Junta “incumplirá” y no pondrá ayudas al material escolar
Respecto a éstas, cuya orden se publica hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León, Ángela Marqués denunció que el consejero de Educación, Juan José Mateos, ha vuelto a incumplir sus compromisos al no incluir en esas ayudas este curso todo el material escolar, como aseguró que había prometido recientemente en sede parlamentaria. Insistió, además, en reclamar el aumento de fondos pero también la máxima celeridad para que las “escasas” cuantías no lleguen tan cerca de final de curso. Y todo ello, incluyendo al tramo de educación no obligatoria (3 a 6 años), FP y Bachillerato.
La procuradora anunció una serie de iniciativas parlamentarias, como una moción, todas ellas encaminadas a que la Junta vuelva a destinar el 3,6% del PIB de Castilla y León a Educación, para paliar la caída hasta el actual 3,2%, que son muchos millones de euros. Y consideró “ridículos” los 2,5 millones que llegarán del Gobierno para la aplicación de la reforma educativa encarnada en la Lomce, que ni siquiera se han plasmado en un convenio.
Por último, las socialistas censuraron el “cinismo alicinante” del presidente de la Junta, reclamando “generosidad” para que la oposición deje al margen sesgos ideológicos, cuando “la reforma educativa que ha aprobado el PP con todo el mundo en contra” es la más sesgada ideológicamente que se ha aprobado, sólo para “satisfacer a la derecha más conservadora de este país y la iglesia”.
