La Junta ultima la puesta en marcha de un modelo de atención sociosanitaria en el domicilio
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, explicó que su departamento, junto con Sanidad, trabajan en la puesta en marcha de un modelo de atención sociosanitaria en el domicilio, que persigue resolver en el propio hogar los cuidados sociales y sanitarios que precisa una persona de forma simultánea o sucesiva y que representa el siguiente paso en el sistema de coordinación sociosanitaria que implanta el Gobierno autonómico en la Comunidad.
Marcos explicó ante un grupo de cien expertos europeos los pasos dados en la Comunidad para construir un modelo “maduro” de Servicios Sociales y que ahora es la base para edificar un modelo de atención sociosanitaria. Durante la conferencia que impartió en el I Foro Internacional de Economía y Salud celebrado en el Ateneo de Madrid, organizado por la Fundación Economía y Salud, la consejera sostuvo que “sólo sobre la base de un modelo maduro de Servicios Sociales se puede construir un sistema de coordinación sociosanitaria centrado en mejorar la calidad de vida de las personas”.
También detalló ante el grupo de especialistas los sistemas de trabajo que Sanidad y Servicios Sociales impulsan para avanzar aún más en ese modelo de atención sociosanitaria integrada. De forma coordinada, ambos trabajan en el desarrollo de una plataforma tecnológica de atención sociosanitaria al paciente crónico y a personas en situación de Dependencia.
Esta herramienta permitirá a los profesionales sanitarios y sociales tener acceso en tiempo real a la historia clínica y social de una persona, poder elaborar un plan en conjunto de cuidados sanitarios y sociales, permanecer interconectados para prestar una atención individualizada a cada caso y dar continuidad a la atención cuando el paciente sea derivado de un sistema a otro.
La creación de esta plataforma está vinculada al concepto de compra pública innovadora. Así, 44 entidades -entre empresas, entidades privadas y centros de investigación públicos- han presentado 88 propuestas a la convocatoria para soluciones innovadoras, efectuada conjuntamente por las gerencias de Salud y de Servicios de Castilla y León, con el objetivo de crear esa plataforma que mejore la atención de los pacientes y que pueda ser exportable a otros territorios. “Estamos analizando las iniciativas y las que mejor se adapten a nuestras necesidades son las que se desarrollen, eso sí, con la condición de que sean exportables” matizó.
Estos pilares han permitido que la coordinación sociosanitaria en la Comunidad “sea hoy una realidad” y poder avanzar hacia ese modelo de atención en el domicilio. “Se trata de evolucionar lo logrado en esta materia para aplicarlo a la atención de la salud en el domicilio”, sostuvo.
La búsqueda de soluciones sociosanitarias para la calidad de vida de las personas ha motivado la participación y el impulso de la Consejería de Familia e igualdad de oportunidades del clúster 'SIVI' (Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente). En esta asociación, la Administración trabaja con las universidades, los representantes del Tercer Sector y las empresas de la Comunidad (la cuádruple hélice de la innovación) y tiene como estrategia el desarrollo económico sostenible y la generación de empleo de calidad, que además redunde en el bienestar de las personas con necesidades sociosanitarias.
Por medio del clúster se ha desarrollado el proyecto europeo 'Innovage', que trata de explotar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la mejora de la atención a las personas mayores, tanto en el entorno residencial como en el propio domicilio. Se trata de sumar el trabajo y el esfuerzo de los 27 socios del clúster en una nueva forma de trabajo que permita poner en valor el gran potencial de creación de riqueza que tiene la atención sociosanitaria.
Experiencias de 'éxito'
La Junta de Castilla y León se plantea ahora el reto de llevar la atención sociosanitaria al domicilio, tal y como precisó Milagros Marcos, tras haber puesto en práctica experiencias en el ámbito de la atención sociosanitaria en los centros con “exitosos resultados”.
La consejera se refirió así al modelo de atención sociosanitaria a la discapacidad por enfermedad mental, pilotado en Toro (Zamora) y pionero en España, que aúna los Servicios Sociales y los sanitarios para garantizar una atención integral a las personas con este tipo de discapacidad. Una experiencia con la que ya han atendido a 4.200 personas.
Para ello, se crearon en cada una de las provincias equipos mixtos de coordinación, compuestos por profesionales de ambos sistemas. Ellos son los encargados de realizar en un único proceso la valoración y la asignación de recursos, de elaborar el Programa Individualizado de Atención de cada persona con discapacidad mental que lo precise y de hacer un seguimiento de esa atención.
Además, citó la experiencia que ya tiene Castilla y León en la coordinación sociosanitaria de personas mayores en el tránsito desde la unidad hospitalaria hacia la residencia pública “con la garantía del alta inmediata y la prestación de dependencia reconocida”, dijo. El ahorro final de estas políticas es del 20 por ciento en el coste de los servicios, “pero lo fundamental es que la calidad en la atención se ve desde el primer día”, aseguró Marcos.
Otro ejemplo de coordinación entre ambos sistemas lo constituyen las unidades de convalecencia sociosanitaria. La Comunidad dispone actualmente de plazas en unidades de convalecencia en Valladolid y en Segovia y antes de que finalice el año se abrirán plazas en Burgos, León, Palencia y Salamanca, según recordó Marcos.
El objetivo es reservar, en residencias de personas mayores, unidades específicas para que una persona en situación de dependencia con un proceso crónico de enfermedad o una patología asociada al envejecimiento reciba, una vez que está estable y a su salida del hospital, cuidados sociales y sanitarios de baja intensidad de forma simultánea mientras logra su recuperación o rehabilitación. Esas personas, además, deberán presentar siempre necesidades sociales, bien porque necesitan cuidados que excedan de la capacidad de un cuidador, carezcan de un cuidador o residan en una vivienda con barreras arquitectónicas.
La base, un modelo de Servicios Sociales 'maduro'
La Comunidad está, por tanto, “preparada para afrontar una nueva etapa en la coordinación sociosanitaria”, una vez que ha ensayado con éxito experiencias que se apoyan sobre la atención en centros y ha logrado un sistema de Servicios Sociales “sólido y maduro”, tal y como reconocen varios estudios de expertos, que logra dar soporte de una forma eficiente a las principales necesidades sociales y sanitarias de las personas, y en condiciones de equidad con el sistema sanitario.
Ante los especialistas, Marcos advirtió de que “sólo sobre la base de un modelo maduro de Servicios Sociales se puede construir un sistema de coordinación sociosanitaria”, pensando siempre en mejorar de forma notable la calidad de vida de las personas.
Por ello, se detuvo a explicar el “profundo cambio” al que se ha sometido al núcleo de los Servicios Sociales de Castilla y León, que arrancó con la aprobación de la Ley de Dependencia y que consagró la Ley de Servicios Sociales, aprobada en 2010, como un modelo vanguardista y que ahora sirve para construir el modelo de coordinación sociosanitaria.
El giro dado a los Servicios Sociales supuso un “vuelco” en los derechos de las personas, en la organización administrativa, en la gestión de la demanda y de la oferta, así como en el modelo de financiación. El primer paso fue reconocer que la prestación social es un derecho subjetivo de la persona, públicamente garantizada con independencia de cuál sea el nivel de necesidad o el índice de demanda.
Se abandonó así, según recordó la Junta, el “viejo marco” de la 'beneficencia' y se instauró el nivel de protección social basado en derechos. No en vano, como apuntó la consejera, resulta “inviable” ahora plantear la atención sociosanitaria si se carece del derecho a recibir prestaciones sociales suficientes para cubrir las necesidades sociales y sanitarias y recibirlas de forma preferente y prioritaria.
La Junta considera que los Servicios Sociales se sustentan en la máxima de que la persona “es el eje sobre la que debe girar la Administración, y no al revés, y en que se debe tener una visión unificada de sus necesidades”. Por tanto, se sustituyó el modelo tradicional de planificación fragmentada por sectores (discapacidad, mayores y menores) por una de tipo integral, enfocada directamente en dar una respuesta a las necesidades reales y concretas de la persona.
Además, se concibió el sistema de Servicios Sociales como un “todo, único e indivisible”, que integra todos los programas, actividades, prestaciones, equipamientos y actuaciones, tanto de titularidad pública como privada, y donde están implicados los profesionales y los agentes (corporaciones locales, entidades o empresas) que dan forma al sistema. Se logró pasar de un conjunto plural de sistemas independientes a un único sistema único e integrado. Es lo que se denomina sistema de responsabilidad pública.
Este cambio de enfoque obligó a dotar a los Servicios Sociales de nuevas herramientas de gestión. Así, se unificó un sistema de información -común y compartido por los agentes que intervienen- y se diseñó un sistema de acceso unificado a los servicios. Se unificaron las solicitudes de Dependencia y Servicios Sociales, el baremo, los criterios o el cálculo de la capacidad económica.
El objetivo: simplificar los trámites y homogeneizar criterios en toda la Comunidad, con independencia de qué administración preste al final el servicio. Se asignaron profesionales de referencia, se configuraron equipos de coordinación interadministrativa, se creó un único registro de usuario y la historia social única, accesible a todos los profesionales del sistema.
Catálogo de Servicios Sociales
En paralelo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades trabajó en la elaboración de un catálogo de Servicios Sociales como un instrumento que “fija, ordena y califica las prestaciones”, su contenido e intensidad mínima, la población destinataria, los requisitos y condiciones de acceso, su titularidad, la aportación del usuario, la forma de financiación, el régimen de compatibilidad. Será el inventario de derechos sociales de los ciudadanos más amplio y concreto de España.
Otro de los cambios introducidos afectó a la financiación de los Servicios Sociales. En este sentido, Milagros Marcos explicó que ahora son las necesidades sociales las que determinan qué umbral de recursos económicos hay que asignar para cubrirlas. Y con respecto a la aportación del usuario al sistema, “se produce una revolución, ya que se utilizan las mismas reglas para todo el territorio y para todos los recursos y prestaciones, para el cálculo de la capacidad económica y para la aportación de todos los recursos.
Escenario de crisis
La consejera explicó, además, que el nuevo escenario económico, surgido de la crisis, obligó también a redefinir el sistema y a tomar decisiones. Con un amplio consenso se adoptaron acuerdos con el Diálogo Social y el sector de personas mayores y personas con discapacidad para primar los servicios profesionales y se apostó claramente por un novedoso modelo de atención profesional, denominado 'En mi casa', en su doble vertiente: unidades de convivencia y centros multiservicios. Hoy optan por los servicios profesionales el 70 por ciento de las personas dependientes en la Comunidad.
Todas las medidas introducidas han permitido que en Castilla y León el cien por cien de las personas con derecho a prestación “ya la reciban”, según la Junta, y que sea la Comunidad reconocida como “más eficiente en la prestación de Servicios Sociales, porque con menor gasto ofrece mayor cobertura y genera más empleo que la media nacional”, con 6,36 empleos por cada 1.000 habitantes. Además, se ha rebajado hasta un 12 por ciento las plazas vacantes en el sector residencial.
Para la consejera, resulta “imprescindible” tener esa visión de los Servicios Sociales para construir un modelo de atención sociosanitaria, en la medida en que bien gestionados “evitan conflictos sociales y son un sector estratégico para ayudar en la salida de la crisis”. De hecho, según apuntó, de cada euro invertido en Servicios Sociales 0,59 retornan a la sociedad, o de cada millón, genera entre 25 y 30 empleos, cuando la media de otros sectores está en 17 (15 en la construcción).
Por todo ello, concluyó que sólo se puede hacer un modelo de coordinación sociosanitaria si se reconocen derechos y un procedimiento de reconocimiento de esos derechos, se establece un copago único en toda la Comunidad, si Sanidad y Servicios Sociales programan y priorizan las necesidades comunes, comparten información, se elaboran mecanismos de coordinación entre ambos sistemas y se crea un clima de confianza entre los profesionales de ambos sistemas.
