Sombras en el interrogatorio de Comisaría tras el que se dio por 'cerrado' el crimen de Carrasco

La intervención de los dos inspectores de Policía Nacional de Burgos el día 13 de mayo, 24 horas después del asesinato de la presidenta de la Diputación y el PP, Isabel Carrasco, arroja nuevas sombras de legalidad. Al menos son evidentes las contradicciones en las que incurrieron el pasado 17 de octubre en sus testimonios ante la jueza que instruye el caso y no sólo por haberla mentido en sede judicial negando que hubieran estado presentes en el hallazgo del arma homicida en el domicilio de la agente local Raquel Gago, como ayer publicó iLeon.com.

También ambos agentes fueron cruciales para considerar resuelta la autoría del crimen, ya que fueron ellos los que consiguieron que Montserrat González se autoinculpara durante el interrogatorio, sin abogado, que ellos dirigieron en la Comisaría de León un día después del asesinato.

Sin embargo, su última declaración ante la magistrada dejó serias dudas de irregularidades. Y éstas fueron aireadas por José Fernando Cornejo, el primer abogado, no penalista, que asistió a Montserrat y a su hija Triana Martínez. Según el abogado, en la breve entrevista que pudo tener con ellas aquella misma tarde, él tuvo la convicción de que “a estas chicas las han engañado” y “manipulado” para resolver la autoría, y así se lo contó tanto al comisario Pablo Martínez, padre y marido de la detenidas, como al abogado que a partir de entonces se encargaría de su defensa.

¿Leyó Triana la confesión de su madre antes de declarar?

Los detalles por los que tuvo esta impresión de engaño fueron muchos y muy relevantes. Por ejemplo, que dejaran a madre e hija tener un encuentro personal en la Comisaría o que le hubieran “dejado leer la declaracion de mamá” y, en consecuencia, que sus declaraciones fueran “prácticamente idénticas”, incluso con expresiones coincidentes como “deshazte de esto” cuando Montserrat entregó a su hija el bolso con el revólver que mató a la presidenta. Los agentes afirman rotundos que no se les dejó leer a la una la confesión de la otra.

Triana también afirmó que les prometieron que si 'cantaban' sobre el lugar donde estaba el arma -aún no se sabía por pocos minutos que la tenía Raquel Gago- la hija quedaría libre porque se podría aplicar un artículo del Código Penal relativo a la figura del encubrimiento impune (art. 454 del Código Penal). Este argumento animaría a Montserrat a ir detallándolo todo, dada la obsesión que tenía por librar a su hija de toda responsabilidad, según confirmaron los propios agentes.

El “encubrimiento impune” o la convicción de la madre de liberar a su hija

Sobre el relevante aspecto del encubrimiento impune, el inspector jefe de la Udev de Burgos negó ante la jueza que le ofrecieran a Montserrat un trato pero admite que “pudieron llegar a hablar de la figura del encubrimiento”. Y su compañero va aún más lejos: “Creo que no le leímos a Montserrat en el ordenador -de la Comisaría- el artículo 454 del Código Penal ni se le dejó leer”, aunque “puede que lo buscáramos, pero no con la finalidad de convencerla”.

Pero la prioridad seguía siendo localizar la prueba definitiva: el arma. Y no les estaba resultando fácil después de “hora y pico” de 'charla' con Montserrat. Fue entonces cuando al permitir a las dos que se encontraran, abrazaran y hablaran, tuvo lugar la ya conocida frase en la que Triana le decía a su madre que no contara nada de la pistola porque la tenía una policía -por Raquel Gago-.

Los policías “tirarían el arma a una alcantarilla y ellos la recuperarían”

El detalle activó más la tensión por conseguir saber la verdad y en ese momento, según el primer abogado, Triana afirma que los dos policías “amigos de papá” le hicieron una proposición más que sorprendente: que se vistiera, que irían juntos a recuperar el arma, “que la tirarían a una alcantarilla y que ellos la recuperarían en la alcantarilla”, sin 'salpicar' a la tercera persona implicada, de la que sólo sabían entonces que también era policía. Sólo minutos después habrían conocido por otro lado que se trataba de una agente municipal de León y su nombre era Raquel Gago, antes de acudir a su domicilio, algo que negaron durante un mes al Juzgado.

Los inspectores niegan pactos y coacciones

Esta sorprendente versión de ofrecer un hallazgo pactado para librar a Gago de su responsabilidad fue negada de manera tajante por los inspectores de la Policía Nacional de Burgos ante la jueza, no una sino varias veces. En concreto, el agente identificado con el número 78.890 asegura que no ofrecieron ningún tipo de trato a las dos detenidas ni hubo coacciones para que confesaran.

Pero las dudas surgidas ya fueron la base para que el actual letrado defensor de madre e hija presentara una petición de nulidad de este primer y extraño interrogatorio en la Comisaría leonesa, nulidad aún no concedida pero que de admitir la jueza daría un giro a muchas de las pruebas judiciales contra Montserrat, empezando por la más elocuente: su admisión de haber sido la autora de los disparos mortales.

Es más que posible que en la nueva comparecencia de las tres imputadas y detenidas por la muerte violenta de Carrasco, este próximo viernes, algunos de estos detalles que se antojan muy relevantes vuelvan a ser objeto de un nuevo interrogatorio por las dudas que generan sobre la resolución policial del Caso y el negativo efecto que tengan esas dudas sobre la instrucción judicial.