Denuncian vertidos prohibidos y nuevas irregularidades en el vertedero provincial
El frente municipal que agrupa a 13 ayuntamientos del entorno del centro de tratamiento de residuos (CTR) de San Román de la Vega, donde acaba toda la basura provincial y recientemente las 500.000 toneladas de residuos depositados hace más de una década en una finca de Santa María del Páramo, alerta a la Junta de Castilla y León que se han detectado nuevas y “muy graves” irregularidades en estas instalaciones. Una situación que ha disparado “por enésima vez” las alarmas de los posibles riesgos por contaminación y contra el medio ambiente de los municipios colindantes.
En un escrito al director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, José Manuel Jiménez, las mancomunidades del Órbigo y la Cepeda y los ayuntamientos de Astorga y Carrizo le advierten de la ejecución de dos nuevas balsas de lixiviados (líquidos contaminantes que supura la basura) situadas “en la coronación de la basura acumulada en el vaso de vertido” y “a las que se están bombeando los lixiviados de las balsas inferiores” para tratar en vano de paralizar su desbordamiento, aportando fotografías que lo demuestran.
El frente reclama que la Junta tome cartas en un asunto “inexplicable” e informe si estas balsas cuentan con autorización e informes favorables de la Junta, que ostenta las competencias medioambientales, o si contravienen la autorización ambiental otorgada para el último y masivo depósito de las balas, depositadas hace una década en la fina 'El Busto' de Santa María del Páramo.
Miles de toneladas de zahorras prohibidas
Zahorra en el vaso del vertedero provincial de San Román de la Vega
Pero además este frente municipal también afirma, con imágenes aéreas recientes, que en ese vaso de vertido se han depositado miles de toneladas de zahorra para ir compactando las balas provenientes del Páramo. Esto ha dejado el espacio destinado a las basuras ordinarias “a la mínima expresión, algo que perjudica a toda la provincia”, defiende el portavoz del frente, Joaquín Llamas, alcalde de Villaobispo de Otero.
La presencia de la zahorra “en cantidades ingentes” está prohibida por la propia Junta, como el director general había advertido el 21 de noviembre en un escrito en el que se recordaba al consorcio Gersul y la UTE Legio VII que el informe de agosto que permitió depositar la basura del Páramo se debía limitar a “aquellos residuos que sean domésticos, lo que no incluye residuos procedentes del desmantelamiento del almacén temporal, que deberán gestionarse en instalaciones de residuos industriales”.
Sangrante “para los leoneses de toda la provincia”
También en este aspecto, el frente municipal considera que “una vez más el consorcio y la empresa se lo saltan todo a la torera”, por lo que reclaman de manera formal a la Junta que informe de ambas situaciones “peligrosas” y tome medidas.
Llamas recuerda que no se trata sólo de “una impunidad y una gestión lamentables que alarman a nuestros pueblos” sino que estas irregularidades “las pagan los leoneses de toda la provincia”, que no sólo asumen de su bolsillo con el pago de elevadas tasas el coste de saturar el vaso de vertido del CTR sino que pagarán aún mucho más cuando “en cuestión de muy poco tiempo” se sature ese vaso, se paralice todo el sistema provincial porque no haya dónde verter y la basura se acumule en los contenedores de ciudades y pueblos de León.
Precisamente, respecto a la tasa aprobada definitivamente por la asamblea del consorcio Gersul en octubre que amparaba la polémica solución de llevar las 500.000 balas del depósito temporal del Páramo a la planta provincial de San Román, el frente municipal también ha formalizado un nuevo recurso judicial.
Paso judicial contra la polémica tasa
El pasado 12 de diciembre se presentó recurso Contencioso Administrativo contra la aprobación de esa tasa después de que Gersul rechazara las alegaciones presentadas por las dos mancomunidades y los dos ayuntamientos afectados, desoyendo las sus argumentos de los riesgos de todo tipo de depositar en 2 meses la basura de entre 6 y 8 años sin tratamiento previo alguno, tanto en contaminación ambiental como en riesgo para la salud.
“No podemos resignarnos a permitir estas atrocidades, seguiremos defendiendo una gestión segura, correcta y no sangrante para el bolsillo de la basura de todos los leoneses sea como sea, es lo único que hemos defendido y seguiremos defendiendo”, explica Joaquín Llamas.
