Sanción de 134.601 euros a las empresas por el caso de los gusanos en la comida escolar

La Junta de Castilla y León anunció hoy la finalización de la tramitación de los expedientes incoados a través de las consejerías de Sanidad y de Educación a la UTE Serunión-Grupo Lince Asprona, con motivo de los incidentes alimentarios acaecidos el 9 de octubre de 2014 en seis comedores escolares de las provincias de León y Segovia. El importe de las sanciones, en forma de multa, impuestas de forma solidaria a la UTE , asciende a un total de 134.601 euros.

Como consecuencia de la comunicación oficial del incidente alimentario se realizaron diversas inspecciones por los Servicios Oficiales de Salud Pública. En ellas se constataron distintos incumplimientos de la legislación alimentaria y se levantaron las correspondientes actas de inspección. Derivado de ello, se iniciaron expedientes sancionadores, a tenor de lo establecido en la Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León, cuya cuantía total es de 89.500 euros.

A estas sanciones impuestas por la Consejería de Sanidad, que ascienden a 89.500 euros, hay que sumar otros 45.101 euros correspondientes al importe global de los dos expedientes (uno por provincia) incoados por la Consejería de Educación. En este caso, se trata de expedientes de imposición de penalidades derivados de las incidencias detectadas. Estos expedientes son tramitados al amparo de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La Junta de Castilla y León recuerda que los Reglamentos europeos basan la seguridad alimentaria en los sistemas de autocontrol implantados en las empresas y en el control oficial que ejerce la Administración.

Desde el Ejecutivo regional concluyen que los hechos acontecidos no pueden ser achacados a los métodos de cocina en 'línea fría' en sí, que están reconocidos como técnicas con un elevado nivel de seguridad alimentaria dentro de la restauración, sino a la incorrecta aplicación de los sistemas de autocontrol.

Además, recuerdan que el Gobierno autonómico cuenta con un cuerpo de inspectores “con un alto nivel de formación para la ejecución de los controles oficiales que se realizan sobre la base del riesgo y dispone de una serie de procedimientos, lo que permite que sean efectuados de forma muy eficiente”.