El acusado de matar a su pareja en León en 2013 cumplirá 17 años y medio de prisión

El acusado de matar a su pareja en septiembre de 2013 en la calle Menéndez Pelayo de León ha aceptado hoy una pena de 17 años y medio de prisión, así como la privación de la patria potestad de sus dos hijos de corta edad, fruto de su relación con la víctima, en la vista oral celebrada esta mañana en la Audiencia Provincial de León.

El acusado, cuya identidad corresponde a las iniciales V.M., se enfrentaba a una pena de 19 años de prisión que había solicitado el Ministerio Fiscal, que finalmente ha reducido su petición de condena a 17 años y medio por un delito de asesinato con agravante de parentesco, aunque ha mantenido la privación de la patria postestad de sus dos hijos y una petición de 75.000 euros para cada uno de ellos en concepto de responsabilidad civil por el daño ocasionado por la muerte de su madre.

Según el escrito de calificaciones del Ministerio Fiscal, V.M. y su pareja, D.CH., mantenían una relación sentimental desde hacía más de siete años, fruto de la cual nacieron dos hijos. Él residía con su madre y los dos menores en Francia, mientras que ella se había trasladado a León, donde trabajaba en un club nocturno. En septiembre de 2013, cuando V.M. viajó a León y se hospedó en la habitación de la que ella disponía en el barrio de San Mamés de la capital leonesa, utilizó “de forma sorpresiva” un cinturón “con un lazo corredizo doble” y la estranguló.

Igualmente, según relató la fiscal, el acusado introdujo a la víctima un top de mujer en la boca con la intención de “acabar con la vida de ella de manera rápida”, que falleció por asfixia mecánica. El agresor huyó a Rumanía, donde fue detenido varios días más tarde y desde donde fue conducido a España. La fiscal relató que tras su detención, el acusado contó “una historia rocambolesca” aunque luego reconoció los hechos ocurridos en León.

De la misma manera, la fiscal explicó al jurado popular que la petición de pena por un delito de asesinato se justifica porque en los hechos concurren, entre otras la circunstancia de alevosía porque “no hubo ninguna discusión previa” dado que la víctima trabajaba de madrugada y él “de forma sorpresiva y mientras ella dormía”, la asfixió. También recordó que testigos habían reconocido que el agresor se había preguntado cuántos años le caerían por matar a alguien en España.

El abogado defensor de V.M. reconoció que son hechos “graves” por un delito que la defensa estimó que no es asesinato, sino homicidio con atenuante al obrar el agresor “en estado de arrebato u obcecación” y el agravante de parentesco, por lo que reclamaba una pena de prisión de diez años. Además, insistió en que el acusado se arrepintió de lo ocurrido y pidió perdón, a la vez que colaboró con la Justicia reconociendo los hechos, aunque estimó que “no es suficiente”, por lo que se aceptó la responsabilidad penal que se imponga.

Reconocimiento de los hechos

En el interrogatorio al que fue sometido en la breve vista oral celebrada esta mañana, el acusado reconoció la relación sentimental con la víctima, con quien tenía dos hijos, el mayor de más de seis años y el pequeño de una edad que no pudo precisar al no recordar su fecha de nacimiento. También reconoció haber mantenido discusiones con su pareja en los días previos a los hechos, y haberse preguntado por la pena que le caería por matar a una persona en España.

Acompañado por una traductora, V.M. insistió en que la víctima no quería volver con él a Francia, aunque dijo desconocer los motivos, después de nueve meses sin ver a sus hijos, a los que no enviaba dinero para su manutención, añadió. Sobre lo ocurrido, reconoció haberla estrangulado y que la víctima “no pudo defenderse”, tras lo que viajó a Rumanía sin dar aviso a los servicios de emergencia porque “tenía miedo”.

“Lo siento mucho, no pensaba que iba a llegar a eso”, tradujo la intérprete a raíz de las palabras del acusado, que informó de que sus hijos se encuentran en estos momentos en Grecia con sus hermanos y su abuela paterna. Tras la confirmación de la pena y de informar de esta a las autoridades rumanas, serán estas últimas las que determinen las medidas que hay que adoptar con los menores