Los defensores del Pueblo denuncian la “saturación” de las urgencias hospitalarias
El Defensor del Pueblo y todos los comisionados autonómicos han elaborado un estudio conjunto sobre las urgencias hospitalarias en el que denuncian “frecuentes” casos de “saturación” y diversas deficiencias más derivadas de la falta de medios para estos servicios. Los defensores no ponen nombres y apellidos a su denuncia, ya que se refieren en sus conclusiones al estado general de prestación de las urgencias hospitalarias en España, al que evalúan en términos muy críticos.
Por ejemplo, el informe asegura que “ante la repetición de situaciones de saturación, se han establecido dependencias en las que permanecen los pacientes en espera de hospitalización una vez completada la atención inicial en urgencias”.
“Aun comprendiendo el objetivo de estas medidas -evitar la permanencia en pasillos y otros espacios- no deben considerarse un sistema eficaz, porque la permanencia de pacientes con indicación de ingreso perturba la gestión del servicio y estos requieren de una atención especializada en planta”, señala el informe.
Para los autores, el cierre de camas hospitalarias en época estival puede admitirse en aras a una mejor eficiencia de los recursos, “pero no tiene justificación en situaciones en las que se producen incrementos de la población y de la demanda potencial”.
Los defensores también denuncian que, “con carácter general, los médicos residentes asumen un grado excesivo de responsabilidad” en las urgencias, y, por añadidura, no se les forma debidamente, ya que tienen que rotar en centros y “no está reconocida la especialidad médica de urgencias y emergencias”.
Morbimortalidad
El informe sostiene que la suficiencia de profesionales adecuados “debería estar garantizada en todas las franjas horarias” y que no hubiera “la excesiva dependencia de las plantillas de la labor de médicos internos residentes que estarían supliendo en muchos momentos la insuficiencia de profesionales de las diversas plantillas implicadas”.
El estudio llega a advertir de que las urgencias son una de las áreas asistenciales “donde mayor es el riesgo para la seguridad de los pacientes”, porque “las situaciones de saturación en estas áreas incrementan el riesgo de error humano y el aumento de la morbimortalidad”.
El informe alerta también de que las aplicaciones informáticas implantadas en la mayoría de centros “no tienen en cuenta los requerimientos específicos de la atención urgente” y “sus trabajadores las perciben más como una tarea añadida que como un apoyo”.
Sobre la atención a los pacientes en fase terminal, cree que “representa un fracaso del sistema, ya que en estas áreas no resulta posible garantizar a tales pacientes una muerte digna y preservar el duelo de familiares y allegados”.
Los defensores también dan cuenta de que las personas inmigrantes en situación irregular sufren trabas administrativas con exigencias de documentación y compromisos de pago que les disuaden de usar las urgencias. También, reciben a menudo el alta médica en cuanto salen de urgencias, de manera que se les acaba la asistencia sanitaria sin que se haya resuelto el problema de salud que le llevó a acudir a urgencias, indican.
El informe recoge protocolos indebidos de actuación en la atención en las urgencias a personas custodiadas por fuerzas y cuerpos de seguridad y carencias en la atención a las personas con discapacidad por “carencia de medios adecuados de comunicación” en unos casos, y por “carencias significativas sobre accesibilidad y disponibilidad de material adaptado”.
