Publicada la Ley que convierte a Babia y Luna en Parque Natural
Este martes, 31 de marzo, entrará en vigor la ley que aprueba la declaración del Parque Natural de Babia y Luna tras su publicación este lunes en el Bocyl, que comprende una superficie de 57.628 hectáreas de la totalidad de los municipios de San Emiliano y Sena, y, parcialmente, de los de Los Barrios de Luna y Cabrillanes, tendrán entre las prioridades conservar y proteger los valores naturales, vegetación, flora, fauna, hábitats, paisaje y el modelado geomorfológico del entorno preservando la biodiversidad de los ecosistemas con la compatibilidad del desarrollo económico.
La ley dota a Babia y Luna de una regulación para la protección y su desarrollo de manera integral desde la compatibilidad entre la economía y el medio ambiente. Además, recientemente se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que establece una zonificación con diferentes usos para cada zona del espacio natural en función de sus características y valores naturales así como por su mayor o menor vulnerabilidad.
El proyecto de Parque Natural en Babia y Luna data de 1992 y fue aprobado en las Cortes autonómicas el pasado 18 de febrero con el único voto favorable del PP y la abstención de PSOE, IU y UPL por considerar la normativa “insuficiente”. El Parque Natural de Babia y Luna cuenta como Casa del Parque, el Palacio de los Quiñones ubicado en Riolago
Ley de Patrimonio Natural
La Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León entrará en vigor en 20 días y aplicará un nuevo régimen de gestión y protección para poner en valor este activo de la Comunidad. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de hoy esta norma aprobada por las Cortes autonómicas el pasado 18 de marzo, así como las leyes del Parque de Babia y Luna y del Colegio de Odontólogos, que se aplicarán desde mañana.
La Ley de Patrimonio Natural pretende, además de la regulación directa y sustantiva de conservación de espacios y biodiversidad, introducir la conservación como algo transversal para el resto de políticas sectoriales, donde incluye los planeamientos urbanísticos, los programas de desarrollo rural, la planificación hidrológica y nuevas infraestructuras.
Otra de las novedades es que obliga a administraciones y promotores privados a analizar y tener en cuenta el impacto ambiental de las obras, infraestructuras, planes y programas desde el diseño inicial de los proyectos, lo que supondrá que los documentos incluirán ya su repercusión en el medio, a diferencia de lo que sucede hoy en día, cuando se someten una vez conocidos los proyectos.
También, la ley eleva hasta los dos millones de euros las sanciones muy graves por el deterioro del medio natural y daño a especies protegidas, crea un fondo dotado con recursos públicos y privados, entre ellos las indemnizaciones por las multas, y regula por primera vez un Catálogo de Paisajes Sobresalientes, un Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y un Intentario Regional de Bancos de Material Biológico y Génerico.
Las multas por afección al medio ambiente oscilan entre los 500 y 5.000 euros para las leves, hasta los 200.000 para las graves y hasta los dos millones para las muy graves -la ley de 1991 recogía en ese apartado como máximo 50 millones de las entonces pesetas. El Fondo de Patrimonio Natural estará dotado por asignaciones de los presupuestos anuales de la Comunidad, aportaciones o donaciones privadas, por fianzas para responder ante daños causados al medio natural y por las indemnizaciones recaudadas de las sanciones.
Odontólogos
Por otra parte, el Bocyl publica la norma que regula las funciones del Consejo de Odontólogos, que pasan por la representación de la profesión en el ámbito de Castilla y León; la coordinación de la actuación y resolución de conflictos de los colegios; la colaboración con la Administración autonómica; la contribución para que la actividad de los colegios y sus miembros esté al servicio de los intereses generales, y la garantía del respeto a los derechos de los castellanos y leoneses en el ejercicio de la profesión.
La ley determina que el Consejo es una corporación de Derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Su personalidad jurídica será adquirida a partir de la entrada en vigor de la ley y su capacidad de obrar a partir de la constitución de su órgano de gobierno.
La nueva normativa delimita su composición y ámbito territorial y, en lo que respecta a sus relaciones con la Administración autonómica, se establece que este organismo se relacionará, en los aspectos corporativos e institucionales, con la consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de colegios profesionales y, en lo relativo al contenido de la profesión, con la consejería competente en materia sanitaria. La iniciativa de la creación de este nuevo Consejo surge de la propuesta de todos los Colegios adscritos.
