Fernández recuerda que los falsos mineros prejubilados se dieron en casi todas las empresas

De izda a dcha: Eduardo Fernández, presidente del PP de León; Manuel Lamelas Viloria, presidente de la Cámara de Comercio; y Ricardo González Mantero, director general de Energía y Minas de la Junta.

C.J. Domínguez

El presidente provincial del PP y ex delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Fernández, ha querido salir al paso de la versión facilitada por la Consejería de Economía, en la que negaban haber tenido constancia alguna del informe de hace 6 años en el que se alertaba de 'intrusos' prejubilados como mineros sin serlo en la empresa Alto Bierzo, entonces propiedad de Manuel Lamelas Viloria, presidente de la Cámara de Comercio de León.

Fernández afirma no ser “consciente de haber visto nunca” un informe que “por su naturaleza sin duda recordaría” y niega varios argumentos de Valladolid que parecen buscar responsabilizarle a él por dos años en los que fue delegado territorial, de 2009 a 2011. Y es que por un lado “no todo lo que entra en la delegación lo ve el delegado” y por otro “muchos servicios territoriales dependen directamente de la Consejería”, como ocurrió en la polémica del fraude de los huertos solares en la que se vio implicado el secretario territorial, Javier Lasarte. Y Fernández lamenta que “parece que cuando hay problemas los servicios de Industria no son de la Consejería”.

“Yo no señalo a nadie pero no me gusta que me señalen”

En todo caso recuerda que si el famoso 'informe fantasma' “ha aparecido en la delegación, que no en el despacho del delegado, quiere decir que yo no me lo llevé, y en todo caso me tocaría explicar su existencia durante dos años” de su mandato “pero en estos últimos 4 años ha habido otro delegado territorial” que antes fue secretario territorial, en referencia a Guillermo García.

Fernández abunda que “ese informe formaría parte de un expediente o lo encargaría alguien y convendría saber para qué y de quién sería la competencia” del expediente antes de señalarle a él personalmente, como cree entender que ahora ha hecho la Junta ante el revuelo mediático desde la publicación de todo este asunto en El País. “Yo no señalo a nadie, pero no me gusta que me señalen”, advertido a través de ileon.com.

¿Implicadas empresas, sindicatos, Seguridad Social...?

En todo caso, y mientras no se aclara si sumar al régimen de prejubilaciones mineras a personal que no ha pisado una mina es “sólo algo muy feo, moralmente injusto, irregular o ilegal”, Eduardo Fernández sí hace hincapie en que esto no ha ocurrido ni mucho menos sólo en empresas de Lamelas Viloria sino “en muchísimas más”. “Incluso en Hunosa, que es pública, del Estado, hay que ver si se ha prejubilado personal administrativo o médicos”, explica.

Y recuerda que el proceso por el cual se aplicaban los coeficientes reductores de cotización partían de “una lista que hacía cada empresa, que validaba después el comité de empresa, es decir, los sindicatos, que después tenía que admitir la Tesorería de la Seguridad Social y finalmente el Instituto del Carbón”. “Dudo mucho que si está mal hecho todos ellos hayan realizado o permitido un fraude masivo”. Una situación que, por cierto, habría ocurrido “bajo un Gobierno del PSOE”, a quien advierte ahora que “igual alguno se pone colorado porque resulte que algunos prejubilados no sean precisamente afines al PP sino que se retraten a sí mismos en esta historia”.

En todo caso, el líder popular en la provincia insiste en que la situación y el debate de la idoneidad de las polémicas prejubilaciones como la de los hijos de Lamelas Viloria, el ex presidente de la Ponferradina, periodistas, médicos, etc. “trasciende en mucho la existencia o no de un informe” que “no dudo que estuviera en la Delegación, pero habrá que saber dónde”.

Y para concluir, Fernández teme que no sea una simple coincidencia que el debate del uso del dinero público para prejubilaciones de la minería del carbón coincida con inminentes reuniones y decisiones ministeriales sobre el futuro de este sector y la necesidad, entre otras cosas, de garantizar el suministro del mineral autóctono español en las térmicas.

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