Imputados una veintena de altos cargos de la Junta por la compra de terrenos en Valladolid
Una veintena de cargos y ex responables de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta han sido llamados a declarar como imputados por el titular del Juzgado de Instrucción número dos de Valladolid a raíz de la querella de la Fiscalía por un presunto delito de malversación relacionado con la compra de terrenos para el polígono industrial de Portillo y para el edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, según informa en su edición digital El Norte de Castilla.
La Fiscalía, según informa dicho diario, investiga si se produjeron “pelotazos urbanísticos” por parte de las empresas públicas Gesturcal y Ade Parques, ambas dependientes de la Junta.
Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), han confirmado que la investigación se encuentra en una fase inicial y que habrá que esperar a la toma de declaraciones de los imputados para conocer el alcance del caso
Entre los llamados a declarar está el actual delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo Figueroa y el anterior viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, además de los actuales directores generales de Calidad y Sostenibilidad, José Manuel Jiménez, de Industria e Innovación Tecnológica, Carlos Martín Tobalina y de Presupuestos y Estadística, José Armando Baeta Canales.
Junto a ellos, también pasaran por el juzgado de instrucción número 2 de Valladolid, otra veintena de personas: Andrés Álvarez Viñuela, Benedicto González Vereda, Salvador Molina Martín, José Rodríguez-Sanz Pastor, Juan Carlos Sacristán Gómez, Abdón Dueñas Hernández, Efrén Martínez Izquierdo, Pilar Manteca Barrio, Javier Rodríguez Segovia, Domingo Eras López, Francisco Javier de Andrés Guijarro, Jesús Jiménez Miguel, Salvador Molina Marín, Francisco Armero Gutiérrez, Angel Román Montes López, Fernando Mínguez Beltrán, Luis María García Clérigo, Germán José Martín Giraido, Luis Antonio Recio García, Carlos González Maestro, Luis Ángel Rodríguez Herrero, Francisco Esgueva Gutiérrez y Alberto Esgueva Gutiérrez, siempre según El Norte de Castilla.
Cabe recordar que en octubre del pasado año el Partido Castellano denunció ante la Fiscalía de Castilla y León la presunta comisión de delitos por parte de los responsables de las empresas públicas de Castilla y León -Provilsa, Somacyl, ADE Parques y ADE Financiación- durante los ejercicios económicos 2010 y 2011, denuncia que en diciembre se amplió a más ejercicios y en la que se apuntaba la posible comisión de delitos por esas empresas por la presunta adquisición de terrenos para futuros polígonos industriales, a través de empresas intermediarias, con un incremento del 500 por ciento en el precio inicial de los terrenos.
La Junta confía en su archivo
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, mostró hoy su “respeto” a las decisiones de la Justicia y mostró su disposición a “la máxima colaboración” con los tribunales en el caso del edificio de Arroyo de la Encomienda, al tiempo que reclamó también “máximo respeto a la presunción de inocencia” de las personas que han sido llamadas a declarar como imputados.
En declaraciones a la agencia Ical, José Antonio de Santiago-Juárez, quien aseguró que la Junta vive “con absoluta tranquilidad ” este proceso, expresó también el convencimiento del Gobierno autonómico de que, una vez que concluyan las declaraciones de los citados, “todos los actuales altos cargos de la Junta y los funcionarios que están ahora en activo” verán archivada la diligencia.
El consejero de la Presidente reconoció que el término imputado tiene “una carga semántica muy negativa, que afortunadamente va a desaparecer del ordenamiento jurídico”, pero recordó que no es más que una garantía legal para quienes son llamados a declarar para que lo hagan en compañía de un abogado.
El Norte de Castilla adelantó en su web que una veintena de cargos y ex responables de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta han sido llamados a declarar como imputados por el titular del Juzgado de Instrucción número dos de Valladolid a raíz de la querella de la fiscalía por un presunto delito de malversación relacionado con la compra de terrenos para el polígono industrial de Portillo y para el edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda.
