La comunidad educativa confía en que se recuperen las inversiones y los derechos perdidos de los profesionales

La comunidad educativa confía en que la próxima legislatura se recuperen las inversiones y los derechos perdidos de los profesionales docentes. Así lo ponen de manifiesto las organizaciones sociales de la educación, así como el colectivo de padres de Castilla y León ante las elecciones municipales y autonómicas, que se celebran el próximo 24 de mayo.

Es necesario recuperar toda la inversión perdida, señaló Marina Álvarez de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Castilla y León, quien destacó la necesidad de que no se aplique la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y se piense más “en los niños” a la hora de aplicar las distintas políticas educativas.

Desde las organizaciones sindicales, el portavoz de STECYL, Pedro Escolar, hizo un llamamiento a las fuerzas políticas que concurren a las elecciones para que impulsen un gran pacto en las Cortes que ponga fin a “los recortes” de los presupuestos educativos y, en especial, para los centros públicos, lo que favorecería, a su juicio, favorecer acuerdos por el empleo docente “estable, suficiente y de calidad” en la Comunidad. Según STECYL, es precisa la derogación de los decretos y órdenes de recortes aplicados en todas las enseñanzas para alcanzar una progresiva recuperación de los salarios.

Asimismo, sostienen la necesidad de plantear alternativas a la Lomce para construir un modelo educativo comprometido “con las escuela pública” desde el máximo consenso social y político y reclama medios suficientes para la atención a la diversidad, al tiempo que insiste en que las administraciones deben destinar prioritariamente los fondos públicos a la enseñanza pública.

También insistió Pedro Escolar en la necesidad de recuperar la estabilidad en el empleo púbico docente y una financiación “digna y suficiente” para las universidades públicas de la región.

En términos parecidos se expresó la presidenta del sector de Enseñanza de CSI-F en Castilla y León, Isabel Madruga, quien remarcó que “ya es el momento” de que los docentes recuperen derechos perdidos como la recesión salarial del 25 por ciento desde el año 2010 y todas aquellas medidas enmarcadas en los “decretazos” que, a su juicio, han de eliminarse.

Esos decretos incluían medidas como el incremento de alumnos por clase, penalización a los docentes por ponerse enfermos o el aumento de horas lectivas. Todo ello, continuó, ha empeorado el sistema educativa porque, además, se ha “desprestigiado” al profesorado.

La segunda reivindicación desde CSI-F es la eliminación de la tasa de reposición de profesorado, al tiempo que remarcó la necesidad de apostar por la educación como “un servicio básico”, pidió que se paralice la concertación con centros privados y se recupere la inversión en la escuela pública, así como que se incremente el presupuesto.

Desde ANPE, su presidenta autonómica, Pilar Gredilla, resumió las reivindicaciones a juicio de su sindicato en “recuperar y mejorar lo que hemos perdido desde 2010”. “Nunca el profesorado ha perdido tantos derechos en sus condiciones laborales”, sostuvo, para enumerar el aumento de la jornada lectiva o la pérdida acumulada del 25 por ciento del poder adquisitivo o la disminución retributiva por la baja por enfermedad.

“Esta recuperación tiene que reflejarse también en un aumento del empleo público”, afirmó, para añadir que es necesario obtener de la Administración “un apoyo decidido” a la enseñanza pública y a su profesorado. Aseveró que la educación se debe situar como eje prioritario de su política, con especial atención al medio rural, lo que supone la necesidad de aumentar los presupuestos en esta materia.

Por su parte, desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, su secretaria autonómica, Elena Fernández, consideró necesario el incremento del presupuesto de Educación hasta alcanzar, al menos, los niveles del año 2010, con especial atención a aspectos como las ayudas para la adquisición de libros y comedores, becas universitarias y formación de jóvenes investigadores, así como el descenso de las tasas universitarias o la reducción del actual ratio de alumno por clase y la recuperación salarial de los docentes.

Del mismo modo, apostó por la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo, donde criticó que la zona única no sirve para la libertad de elección de los padres del centro, sino para potenciar la “libertad” de los centros para seleccionar a su alumnado. También, pidió la distribución equitativa del alumnado inmigrante o socioculturalmente desfavorecido o la limitación de conciertos con la enseñanza privada.

Fernández insistió en la necesidad de apostar por una escuela laica, así como por un nuevo modelo de bilinguismo con más medios humanos y económicos y por la recuperación de los derechos perdidos de los empleados públicos. A su juicio, también es preciso volver a la gestión pública de servicios privatizados como los comedores o la defensa de la oferta educativa en el medio rural y apostar por el carácter educativo de la Educación Infantil de cero a tres años.

Desde la Federación de Enseñanza de UGT, su secretaria autonómica, Victoria Soto, también coincidió en la necesidad de que las fuerzas políticas se comprometan a recuperar las inversiones en educación y a no hacer más recortes en esta materia. También coincidió en la necesidad de recuperar los derechos laborales y salariales de los docentes.

Soto pidió también que no se llegue a implantar la Lomce y se exija al Gobierno de la Nación la negociación de una ley educativa consensuada, que persista en el tiempo y no esté al albur de los cambios políticos. En definitiva, dijo, un gran pacto por la educación.

Además, fijó como prioridades un mapa de oferta de FP más amplia y adaptada; más medios para la atención a la diversidad, que se considere a la educación infantil de cero a tres años como educativa, así como más inversiones para el mundo rural o el incremento de becas y ayudas de comedores que, estos últimos, a juicio de UGT deberían abrirse en verano.

Desde la escuela privada, el presidente de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Castilla y León (FSIE), José María García Santander, remarcó la necesidad de cumplir con el acuerdo de retribución de los docentes de la enseñanza concertada, que se encuentra, según dijo, al 96 por ciento de lo que cobran sus compañeros de la pública.

Al mismo tiempo, destacó la necesidad de que se equipare el modelo de concierto “a coste real” para adaptarlo por coste de alumno. “Se debe saber cuál es el coste real y una vez conocido, ha de adaptarse”, sostuvo. Según dijo, la Junta argumenta que el coste es un 20 por ciento inferior a la pública.