Las agencias de colocación que reemplazan al ECyL citan a los parados sin certificado y hasta en gasolineras

Oficina de empleo público de la Junta en Ponferrada. / César Sánchez / ICAL

ileon.com

La chapuza y quién sabe si irregularidades manifiestas se han implantado con la puesta en marcha en toda Castilla y León, desde el pasado mes de marzo, de la privatización encubierta de parte de las labores de orientación e inserción laboral a los parados que deberían realizar la entidad pública Empleo Castilla y León (ECyL, antiguo Inem) y que la Junta ha adjudicado por 3,3 millones a empresas y fundaciones privadas, como ha desvelado iLeon.com.

Chapuzas y posibles irregularidades tales como que los desempleados estén siendo convocados a reuniones por llamadas de teléfono a sus números particulares, por mensajes de texto o por cartas no certificadas. Reuniones que según el ECyL deberían servir a los parados para que esas empresas 'interpuestas' les faciliten labores de atención, orientación, formación e inserción laboral, pero que según denuncian algunos afectados, se han llegado a producir incluso en gasolineras.

Además, muchos de los desorientados parados afectados por esta situación reciben la información, en forma de amenazas, de que si no acuden a las reuniones establecidas podrían perder buena parte de sus derechos, el paro acumulado o el acceso a nuevas prestaciones, algo que está provocando una avalancha de consultas en las oficinas del servico público de empleo.

Aquí se han formalizado ya, además, quejas por escrito del uso que se está haciendo de los datos personales de los desempleados, datos que son obligatorios de facilitar al ECyL pero que entienden que, con la Ley de Protección de Datos en la mano, no pueden cederse sin control a las fundaciones y/o empresas adjudicatarias que la Junta denomina eufemísticamente “agencias de colocación colaboradoras”. Y éstas, a su vez, se las ceden a otras compañías a las que subcontrata finalmente estas labores, por no disponer la adjudicataria -caso en León de la Fundación Sócrates, de Chiclana de la Frontera (Cádiz), “ni de infraestructura propia ni de un conocimiento real de la realidad laboral, empresarial e industrial de esta provincia y esta Comunidad”, según denuncia desde el sindicato CSI-F su responsable provincial, Hipólito Riesco.

Este sindicato lamenta el enorme gasto público decidido por la Junta y la escasez de resultados reales de beneficio para los parados que este sistema de contratas y subcontratas conllevará cuando se acabe el plazo de seis meses establecido, que expira a priori en septiembre de este año. “Estamos muy vigilantes sobre cómo funciona, pero parece evidente que cabe sospechar y que en la administración prima más el beneficiar a ciertas empresas que la mejora de la preparación y las posibilidades reales de encontrar trabajo para los desempleados”.

Para el CSI-F de León, esta privatización encubierta se enmarca dentro de “una política que lo que trata es de buscar excusas para la aniquilación del servicio público de empleo”.

*Puedes leer la primera parte de la investigación en 'Privatizar el desempleo, última maniobra de Tomás Villanueva en la Junta'.

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