La Junta rectificará que las personas con menos recursos no puedan tener ayudas de alquiler

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, garantizó este martes que las próximas convocatorias de ayudas al alquiler de viviendas, dotadas con diez millones de euros, no tendrán el “suelo” de ingresos mínimos establecido en la anterior, resuelta el pasado mes de julio. De esta forma, aseguró que se han incorporado las recomendaciones del Procurador del Común a la nueva política de vivienda de la Junta de Castilla y León.

La polémica se suscitó en la convocatoria de diciembre del 2014, al conocerse que entre las condiciones para acceder a las ayudas se excluían los contratos anteriores a 2011 ni las rentas por debajo de 7.500 euros, un polémico 'suelo' que dejaba precisamente a los más desfavorecidos sin acceder a las ayudas. Una medida que además era única ya que Castilla y León era la única Comunidad de todo el territorio nacional que la aplicaba.

Ahora, tras intercer en la polémica el Procurador del Común, que consideró que la exigencia del límite, además de haberse llevado a cabo sin motivar adecuadamente las circunstancias demográficas o económicas que la justifican, impedía el acceso a aquellas familias que más lo necesitan.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó a los medios en un encuentro este martes que antes de que acabe el año su departamento convocará dos líneas de ayudas al alquiler de viviendas. Una de ellas permitirá a los solicitantes recibir estas subvenciones aunque sus ingresos sean inferiores al Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que en este año se sitúa en 532,51 euros mensuales.

En ese sentido, el titular de Fomento señaló que con otra partida de unos cinco millones se financiará una convocatoria que tendrá como límite máximo de ingresos 2,5 veces el Iprem. Suárez-Quiñones también avanzó que su departamento está trabajando para ampliar el parque público de viviendas que se destinará a ofrecer alquileres sociales, incorporando no sólo las viviendas protegidas de la Comunidad, sino también de ayuntamientos como Valladolid y Salamanca, entidades financieras y de la Sareb, conocida como 'banco malo'.

Finalmente, el consejero insistió en que la Junta tratará de firmar acuerdos con los ayuntamientos para incorporar sus viviendas y ofrecer así a la sociedad una “imagen de unidad”.