El PP de León no espera que la nueva ofensiva judicial por la Púnica desvele 'mordidas' en la Diputación
El Partido Popular de León reconoce que vive desde ayer un nuevo proceso “incertidumbre e indecisión” a causa del caso judicial anticorrupción que investiga la Audiencia Nacional, desde que ayer se anunciara que la Operación Púnica se ampliará en fechas inminentes a otras cuarenta personas implicadas en las provincias de León, Madrid, Murcia y Valencia, la mitad de los cuales podrían pasar a ser nuevos imputados penalmente en la trama y otros tantos serán llamados a declarar como testigos.
Sin embargo, fuentes de la formación política leonesa creen que lo peor de esta nueva 'ofensiva' judicial nacida de la extensa y detallada declaración del número 2 de la trama, el conseguidor David Marjariza, no afectará en prácticamente nada a la provincia leonesa y, más específicamente, a la Diputación de León. Y es que Marjariza entre otras cosas ha dado testimonio de 'mordidas' económicas, pago de cuantiosas comisiones a cambio de determinadas adjudicaciones públicas, algunas de las cuales incluso las llegó a pagar en bolsas por importe de hasta 15.000 euros. Unas 'mordidas' que el PP leonés se resiste a creer que se dieran en el Palacio de los Guzmanes. Y en todo caso, estaría por ver si se sustanciarían a nivel político o bien dentro del cuerpo de funcionarios de la institución provincial.
En todo caso, este nuevo paso adelante de la Operación Púnica “no quita el sueño” al PP leonés porque incluso “en el peor de los escenarios, que es improbable, no sería en ningún caso tan grave y sonado como el precedente” del ex presidente de la Diputación, Marcos Martínez, que fue fulminantemente encarcelado en octubre del año pasado y sobre el que aún pesa la imputación por seis delitos relacionados con corrupción. “Fuimos fulminantes entonces, como debe ser, y eso nos marca el camino a seguir”, insisten las mismas fuentes.
A pesar de todo, a iLeon.com le consta que la noticia ha provocado intranquilidad en algunos despachos del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación, entre otros lugares, porque nadie se atreve a descartar que pudiera haber más implicados, bien imputados o tan sólo testigos.
Hay que tan solo hasta donde se conoce, en el caso de la Púnica afecta buena parte de lo instruido hasta ahora al área de Presidencia -por las facturas de publicidad encubierta a la trama para promoción política de Martínez e Isabel Carrasco antes que él, como desveló en exclusiva ileon.com-, así como la de Turismo -por los contratos de gestión cafeterías de la estación de esquí de San Isidro, en el municipio de Puebla de Lillo, así como por la infraestructura para la feria de turismo interior Intur-; pero también por conocerse que algunas facturas publicitarias a la empresa del conseguidor Alejandro de Pedro partieron de Consorcio provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urganos de León (Gersul), la entidad presidida por un diputado provincial y envuelta en una gestión más que problemática en los últimos años.
Hay que recordar que, amén de los ya imputados -Marcos Martínez y el ex interventor provincial, Jesús 'Suso' López, también han acudido ya a declarar en principio como testigos otras cuatro personas vinculadas a la Diputación leonesa: el aún alcalde popular de Puebla de Lillo y hasta mayo cargo de confianza de Carrasco y Martínez, el jefe del gabinete de Presidencia, Pedro Vicente Sánchez; Ana Ampudia, técnico de Intervención (también muy próxima a Isabel Carrasco en todo su mandato); el viceinterventor, Diego Armesto, el jefe del área de Turismo, Ovidio Altable.
