Marcos Martínez vuelve a los juzgados como imputado en una causa de personal de la Diputación
Nueva causa por la que Marcos Martínez tiene que responder ante la Justicia. Este viernes el alcalde de Cuadros y expresidente de la Diputación, al que la Audiencia Nacional imputa seis delitos en la trama 'Púnica', ha declarado en el juzgado número 2 de León como imputado dentro de una denuncia por la política de personal en la Diputación en los dos últimos mandatos.
Aunque Martínez no estaba denunciado la juez ha valorado que prestara declaración en calidad de imputado para aclarar su participación, o no, en la denuncia interpuesta por un funcionario de la Diputación contra la adjudicación de la plaza de arquitecto coordinador-técnico del SAM a José María Alvado. Los responsables provinciales habrían incumplido varias sentencias judiciales que revocaban el puesto de Alvado en la Diputación, falsificando documentos para evitar su cumplimiento según investiga el juzgado.
En esta investigación ya han prestado declaración como imputados la exalcaldesa de Mansilla de las Mulas y diputada de personal, Mari Paz Díez; de la funcionaria jefa del SAM, Ana Belén Cosmen, considerada del grupo de afines 'carrasquistas' y el propio Alvado. A los tres se les imputa por un presunto delito de falsificación de documentos públicos.
En el trancurso de la investigación la juez del caso ha considerado oportuno que declare Marcos Martínez como imputado ya que algunos de los documentos están firmados por él. Como mano derecha de Isabel Carrasco la firma del alcalde de Cuadros era la habitual en numerosos documentos de la Diputación, de ahí lo necesario de su testimonio.
Este caso es uno más, aunque con vertiente penal, de las decenas de denuncias que se acumulan contra la Diputación de León por la política de personal llevada a cabo las dos pasadas legislaturas bajo las presidencias de Isabel Carrasco, Marcos Martínez y Emilio Orejas. En este caso, junto a otra macrodenuncia penal interpuesta por un grupo de funcionarios, se aborda la habitual política 'carrasquista' de crear plazas específicas y adjudicadas a funcionarios afines para evitar a los de carrera y controlar todo el sistema administrativo de la Diputación.
