La Junta convocará 1.278 plazas de medicina y enfermería en 2016 tras la suspensión judicial de las de este año

El consejero de Sanidad, Antonio Sáez. Miriam Chacón / ICAL

Ical

La Consejería de Sanidad convocará 1.278 plazas, correspondientes a especialidades de enfermería y medicina, en el primer semestre del próximo año, de las que al menos 547 de facultativos de familia y enfermeros verán la luz entre enero y marzo. Para ello, trasladará a la Junta, para su aprobación en febrero, la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2016, unas 680 plazas, que se sumarán a las previstas en este ejercicio, que podrían rondar las 596.

El titular de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, asumió estos compromisos en la reunión de la Mesa Sectorial en la que participaron representantes de Cesm, Csif, Uscal, SAE, UGT, CCOO y Satse, quien valoraron estas decisiones. Además, el consejero les planteó un acuerdo para dirigirse al Gobierno de España para que flexibilice los criterios de la Oferta Pública de Empleo que permita recuperar las oposiciones de enfermería paralizadas por la justicia, una propuesta que avalaron la mayoría.

En ese sentido, Sáez Aguado explicó en un comparecencia ante los medios que su departamento prevé agrupar las plazas ofertadas en 2015, que se ajustan los requisitos establecidos por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León en el auto que suspendió de forma cautelar las oposiciones de enfermería, a las que aprobará el próximo año. En total sumarán unas 1.278, de las que unas 547 se convocarán en el primer trimestre y el resto en los siguientes meses, pero dentro de la primera mitad del próximo año.

Sanidad explicó que en los próximos meses tendrá que negociar con los sindicatos la distribución y bases de las convocatorias. Por ello, ya en el primer trimestre de 2016 podrá convocar las de médicos de familia (200) y enfermería (347), así como alguna otra. También la Consejería calcula que habrá otras 244 plazas de 14 especialidades hospitalarias, 125 de técnicos auxiliares de cuidados y 263 de diversas categorías -gestores, administrativos, celadores, matronas o fisioterapeutas-.

En la próxima reunión de la Mesa Sectorial los sindicatos presentarán propuestas sobre estas plazas, que se convocarán en los primeros seis meses del año, con independencia de la decisión que adopte el TSJ sobre la convocatoria de 554 plazas de enfermería,, correspondientes a las ofertas de 2009, 2010 y 2011, cuyas oposiciones se iban a celebrar este domingo, 22 de noviembre, en León y Valladolid. Sáez Aguado explicó que ha comunicado a los sindicatos que han iniciado conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por ser el departamento del Gobierno que impugnó el proceso.

El titular de Sanidad defendió la legalidad de la convocatoria de 2016 y explicó que en los últimos años han recibido 196 recursos administrativos, de los que solo el cuatro por ciento obligó a modificar las bases de la convocatoria.

Acuerdo

Por otra parte, el consejero de Sanidad planteó a los sindicatos firmar un acuerdo para dirigirse con la Junta ante el Gobierno de España para reclamar que de forma “inmediata” el nuevo gobierno de España cambie la normativa, en concreto la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que permita flexibilizar la Oferta Pública de Empleo (OPE), de forma que habilite una cobertura jurídica para las 554 plazas convocadas en la Comunidad en la especialidad de enfermería.

Saéz Aguado aseguró que el sindicato de médicos Cesm, Csif, Uscal y SAE aceptaron la firma del acuerdo, mientras UGT y CCOO apoyaron la iniciativa, si bien declinaron suscribirlo. Por el contrario, Satse, que representa al colectivo de enfermería, rechazó este pacto ya que expuso que su intención es que se revierta el proceso paralizado por la justicia, al que aspiraban 20.000 personas.

También el consejero explicó que su departamento trabajará con los grupos de las Cortes para que apoyen este acuerdo con los sindicatos. Además, el próximo lunes a las 17.00 horas, el consejero comparecerá ante la Comisión de Sanidad del Parlamento autonómico para explicar lo ocurrido en las oposiciones de enfermería, después de que varias fuerzas políticas pidieran su dimisión o cese, así como explicaciones por lo ocurrido.

Argumentos

El consejero de Sanidad también indicó que algunos sindicatos plantearon una oferta extraordinaria para solucionar la paralización del proceso en enfermería, una propuesta que aseguró estudiaran, si bien advirtió de que entraña cierta complejidad. Por ello, apostó por pensar en el futuro para lograr una solución que permita dar más estabilidad en el empleo a los profesionales sanitarios y mejorar la calidad asistencial.

También, Sáez Aguado explicó que buscar un acuerdo extrajudicial con el Ministerio de Hacienda para que retire el recurso presentado es una cuestión “difícil” ya que obligaría al Gobierno a extender esta medida al resto de territorios y organismos afectados. El consejero explicó por el contrario que trabajarán para que flexibilice el próximo gobierno la ley de presupuestos ya que argumentó que las plazas que se convocan no tendrán un impacto en el gasto público debido a que están ocupadas por personal interino.

El titular de Sanidad insistió en que la discrepancia del TSJ se debe a la limitación que existe para convocar plazas vacantes derivadas de jubilización, no de puestos ocupados ya por interinos, que insistió no generarán un mayor gasto y, por lo tanto, no afectan a la estabilidad presupuestaria. Además, recordó que el plazo de tres años entre la oferta y la convocatoria de oposiciones, por el que el tribunal suspendió las pruebas de enfermería, se estableció para beneficiar a los opositores, con el fin de que la administración no pudiera dilatar la fecha de los exámenes.

Finalmente, Sáez Aguado explicó que en este momento no se pueden reclamar los gastos ocasionados por las oposiciones a la Junta porque solo existe una suspensión cautelar, ya que el TSJ todavía ha analizado el fondo de la cuestión. No obstante, el consejero señaló que llegado el momento su departamento examinará las demandas de responsabilidad patrimonial que se presenten por parte de los opositores.

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