El 30 de noviembre, turno para oír al execónomo del obispado de Astorga acusado de traición al Papa
El execónomo del obispado de Astorga durante 20 años, el sacerdote Lucio Ángel Vallejo Balda, se ha enfrentado este martes a la primera sesión del juicio por el que se encuentra detenido en el Vaticano, acusado de revelación de secretos económicos del pequeño Estado ubicado en el corazón de Roma.
El cura, que continúa incardinado a la diócesis astorgana, manifestó en la entrada de los juzgados sentirse tranquilo. La primera audiencia del juicio del llamado Vatileaks2 -cuya denominación hace referencia al juicio de 2012 contra el mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, por los mismos delitos- se ha desarrollado en la única sala judicial del Vaticano.
En el proceso, los imputados están acusados de violar el artículo 116 bis, en el que se tipifica el delito de “procurarse ilegítimamente o revelar noticias o documentos de los que está prohibida la divulgación”, penado con seis a dos años de reclusión o una multa de entre 1.000 a 5.000 euros. En el caso de que estas noticias o documentos fueran de “interés fundamental o de relaciones diplomáticas de la Santa Sede o del Estado se aplicará la pena de cuatro a ocho años de reclusión”.
Vallejo Balda, miembro del Opus Dei y que fue secretario de la extintaComisión de Estudio sobre la Organización de las Estructuras Económicas - Administrativas de la Santa Sede (COSEA), de donde proviene la mayor parte de los documentos difundidos, es el único de los acusados que se encuentra desde el 2 de noviembre bajo detención en una celda dentro del Vaticano. Los dos libros escritos por los dos periodistas italianos también imputados destaparon casos de corrupción, despilfarro y malversación en la Curia Romana y se basan en documentos, grabaciones, correos electrónicos, actas de reuniones y fotos sustraídos de las oficinas del Vaticano.
Están acusados el sacerdote español, secretario de la disuelta Comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA); la ex relaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, el excolaborador de la COSEA Nicola Maio y los periodistas que publicaron los documentos en sendos libros Emiliano Fittipaldi y Gianluigi Nuzzi.
Todos los acusados estaban presentes, acompañados por sus respectivos abogados: Emanuela Bellardini de Mons, Vallejo Balda, turno de oficio; Agnese Camilli de Francesca I. Chaouqui, turno de oficio; Rita Claudia Baffioni de Nicola Maio, turno de oficio; Lucía Musso de Emiliano Fittipaldi, propio; Roberto Palombi de Gianluigi Nuzzi, propio. No estaba presente sin embargo, el representante de la parte lesa, es decir la Santa Sede.
El Tribunal de Justicia estaba formada por Giuseppe Della Torre, como presidente, de los jueces Piero Antonio Bonnet y Paolo Papanti-Pelletier y por el juez adjunto Venerando Marano. La Oficina del Promotor de Justicia estaba representada por el Promotor, Gian Piero Milano, y el promotor adjunto Roberto Zannotti.
Después de que el canciller diera lectura de los cargos , el presidente anunció que había remitido al presidente del Tribunal de Apelación la petición del nombramiento de otros dos abogados adicionales propios por parte de Nuzzi y de Vallejo Balda, para su eventual autorización. Una petición que fue rechazada.
El Tribunal convocó después para el lunes 30 de noviembre a las 9:30, la próxima audiencia que comenzará con el interrogatorio de los acusados, empezando por Monseñor Vallejo Balda al que seguirá Francesca I. Chaouqui, y sucesivamente los otros imputados. Se prevén varias audiencias durante esa semana.
