Una sentencia obliga a la Junta a indemnizar a seis Grupos de Acción Local por los recortes de 2012
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León falló a favor de una demanda interpuesta en 2012 contra la Junta por seis Grupos de Acción Local (GAL) de Castilla y León, por el recorte del 26,5 por ciento, unos 27 millones de euros, a los fondos de los Programas de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013, según publica en su edición de hoy el Heraldo de Soria. El rotativo explica que la sentencia fue comunicada el pasado lunes y condena al Gobierno autonómico a abonar los costes del procedimiento y a indemnizar a los grupos demandantes, que sufrieron un recorte de ocho millones de euros.
Los GAL demandantes, Tierras Sorianas del Cid y Asopiva, de Soria; Agalsa – Sierra de la Demanda, de Burgos; Asociación Duero Esgueva, de Valladolid; Asocio, de Ávila; y Segovia Sur, esperan que la Consejería de Agricultura, que sólo puede recurrir en casación, cumpla la sentencia.
El fallo señala que la Junta incumplió el convenio con los GAL, porque éste especificaba que sólo se podría modificar “con acuerdo de ambas partes y lo cambio de forma unilateral”, explicaron fuentes de los GAL.
Valoraciones
La Federación para la Promoción Rural Integral de Castilla y León, Princal, reconoció hoy que la sentencia del TSJCyL que declara la nulidad del recorte de la Consejería de Agricultura a los 44 grupos de acción local de Castilla y León, en 2012 (26,5 por ciento, unos 27 millones de euros), podría abrir la posibilidad de que los 38 que no acudieron a los tribunales y sufrieron de manera “unilateral” el recorte, puedan presentar recursos ante la “arbitraria decisión del anterior equipo”.
Princal, que representa a 32 de los 44 grupos gestores de los programas Leader en Castilla y León, manifiesta su “inquietud” por la sentencia que da la razón a seis grupos en referencia al recorte de fondos para el desarrollo rural. En este sentido, declara su “rechazo y oposición” a que la aplicación de dicha sentencia produzca un retraso en la aprobación de los programas de desarrollo rural para el periodo 2014-2020, o también condicione el reparto de los fondos públicos para la gestión de los futuros programas Leader.
La organización destaca que la sentencia es favorable a los grupos denunciantes y también respalda la opinión ya manifestada en su día por dicha red a los responsables de la Consejería de Agricultura y Ganadería de que dicho recorte “además de incumplir lo estipulado en el convenio firmado entre los GAL y la Administración, podría significar un defecto grave de forma”.
La Junta asume la sentencia
La Junta de Castilla y León respeta, asume, acata y cumplirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a favor de la demanda interpuesta por seis de los 44 Grupos de Acción Local (GAL) por el recorte de fondos aplicado por la Consejería de Agricultura y Ganadería en el reparto de fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo valoró así el fallo judicial en contra de la Junta, en el que se condena al Gobierno de la Comunidad a abonar los costes del procedimiento y a indemnizar a los grupos demandantes, que sufrieron un recorte de ocho millones de euros.
La demanda de los seis Grupos de Acción Local tiene fecha de 2012 por el recorte del 26,5 por ciento, unos 27 millones de euros, a los fondos de los Programas de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013, según publica en su edición de hoy el Heraldo de Soria. El rotativo explica que la sentencia fue comunicada el pasado lunes y condena al Gobierno regional a abonar los costes del procedimiento y a indemnizar a los grupos demandantes, que sufrieron un recorte de ocho millones de euros.
