Los afectados por las obras de la Variante de Pajares piden “un proyecto integral” de restauración del territorio
Los vecinos y entidades de municipios de León y de Asturias afectados por las obras de los túneles de Pajares reclamaron hoy la puesta en marcha de “un proyecto integral” de restauración que permita establecer medidas correctoras y compensatorias para garantizar “el futuro económico y ambiental”. Los afectados quieren “centrar el foco” de la problemática en la ejecución de un proyecto de futuro que esté “financiado por los responsables de estos perjuicios” en una obra que ha supuesto inversiones millonarias que “tienen que revertir esta situación”.
Los afectados, según comentó en rueda de prensa en secretario general de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, Carlos González Antón, entienden que se ha cometido “el mayor atentado ambiental en la cordillera cantábrica” porque se trata de miles de hectáreas afectadas en unas zonas de un valor ambiental “altísimo”, además de en las propias poblaciones. “Son daños ilegales que no hay por qué soportar porque están incumpliendo la legislación”, insistió González Antón.
Por ello ya se ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea en la que las entidades han manifestado que se han infringido tres directrices comunitarias, como son la de los hábitats, la directriz de evaluación de impacto ambiental y la directriz marco del agua. Según este colectivo, la Comisión Europea iniciará un procedimiento de infracción del Derecho Comunitario para obligar al Gobierno español a que explique “por qué se incumplen estas normas comunitarias”. En el caso de que España no responda correctamente, será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo quien establezca las medidas o penas correspondientes.
Los afectados defienden que las zonas afectadas pertenecen a la Red Natura 2000, lo que exige el cumplimiento de una Declaración de Impacto Ambiental “adecuada que no se hizo”, además de que se han destrozado decenas de acuíferos, ante lo que “nadie ha iniciado un triste expediente corrector”. Además, González Antón puntualizó que todo el agua que está fluyendo hacia Asturias se está detrayendo de la demarcación hidrográfica del Duero-Douro, por lo que afecta a otro país miembro, en este caso Portugal. Por eso, también anunció denuncias ante la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y la Confederación del Cantábrico.
Se han hecho obras afectando a todos los acuíferos y la eliminación de esas masas supone “que el corazón de la cordillera cantábrica va a estar absolutamente seco”, lo que pone en riesgo el futuro de las zonas afectadas. La presidenta de la asociación de vecinos de Campomanes, María Dolores Martínez, informó de que en Asturias son unos 11.000 consumidores directos los que se ven afectados por los problemas ocasionados por la Variante de Pajares. “Tuvimos 800 camiones al día de 25 toneladas pasando por el pueblo y la respuesta es el deterioro de nuestros municipios, que nos dijo Adif que era de los camiones de reparto”, lamentó. Martínez se mostró preocupada por el futuro “con unos daños irreparables”.
Las tuneladoras a su paso iban abriendo 'heridas' inesperadas por decenas, como esta / ADIF
Con estas actuaciones se quiere “ordenar” la reparación de los daños, y en el caso de no adoptar acuerdos al respecto, se anuncia que se acudirá a los Tribunales españoles, primero en vía administrativa y luego en vía penal. También recordaron que en León afecta a una zona reconocida como Reserva de la Biosfera, por lo que también se remitirá un escrito a la Unesco informando del “maltrato” a esta figura natural. Por último, se ha iniciado una campaña de apoyo ciudadano y de organizaciones conservacionistas, de montañeros y ganaderos para “poner el foco” sobre “un atentado gravísimo por haber evaluado mal el impacto que se está produciendo”.
La evaluación de impacto ambiental que se llevó a cabo en el año 2002 “no preveía ningún impacto en superficie” que sí se están produciendo, no solo en relación a los acuíferos, sino también por los impactos de las vibraciones. Todo ello supone que se está incumpliendo la normativa “con grandes perjuicios para los vecinos”, por lo que se quieren adoptar estas actuaciones hoy anunciadas de manera inmediata para que los responsables “no se vayan de rositas sin ejecutar los proyectos”.
Desde la asociación Lacerta, Marlene García Sierra lamentó que Adif no esté “haciendo caso” y confió en que a través de la Comisión Europea se haga fuerza porque “hay muchos negocios y se quedan sin agua, y desde 2009 es la ruina total”. Por último, la alcaldesa pedánea de Poladura de la Tercia, insistió en que en estas zonas se necesita el agua para vivir y es un elemento fundamental, no solo para el desarrollo de la ganadería, sino también del turismo, en crecimiento en los últimos años.
