Variante de Olleros de Alba: el agujero negro de la 'Gürtel' leonesa
El mar de nubes negras y algunos rayos de sol que bañaban este sábado Olleros de Alba mostraban un cielo mucho más inquieto que la actividad de la propia localidad, que se mostraba apacible pese a la amenaza de lluvia. El nombre de la localidad leonesa de Olleros ha vuelto a saltar a la actualidad con la confesión, a última hora de la tarde del pasado jueves, de Franciso Correa en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional. Allí el líder de la trama corrupta 'cantaba' que si los apuntes de un pago de comisiones por las obras de la variante de Olleros de Alba figuraban en su contabilidad serían ciertos. Incluso identificó a varios de los nombres que habrían cobrado, a través de Luis Bárcenas, por una obra que saltó a la polémica nacional en el año 2009.
La relación del escándalo 'Gürtel' con Olleros de Alba está vinculada a la carretera CL-626, que atraviesa la localidad en el tramo que va desde La Robla a La Magdalena. El arreglo de la carretera para sacarla de la población, que cuenta con un curioso efecto óptico en un punto en el que coche sube cuando debería bajar -puedes verlo aquí o aquí-, era una vieja aspiración que se adjudicó por parte de la Junta de Castilla y León en 2002 a la empresa leonesa Teconsa, en manos de la familia Martínez Núñez, algunos de cuyos directivos se encuentran hoy imputados en varios casos de 'Gürtel' como Boadilla del Monte o la visita del Papa a Valencia.
El escándalo saltó en el año 2009 al conocerse que en los documentos intervenidos a las empresas de Correa evidenciaban el pago de una comisión por Teconsa por la adjudicación, que Correa ha confesado haber entregado a Luis Bárcenas. El extesorero del PP habría sido quien habría repartido luego con otras personas a las que identificó como el exvicepresidente de la Junta Jesús Merino, Gerardo Galeote, el propio Bárcenas y a otro personaje político cuyas siglas corresponden a T.O. La comisión investigada era de más de 70.000 euros, aproximadamente el 3% del contrato (sin IVA) de la variante que fue adjudicada por 2.847.959 euros. Y junto a ellos figuraba manuscrito el presunto reparto.
Un informe de la Policía identificaba en 2009 a los presuntos comisionistas, que habrían cobrado el 17 de enero de 2003. Así 'G' sería Gerardo Galeote (exeurodiputado del PP) y habría cobrado 16.400 euros; 'J' sería Jesús Merino (exvicepresidente de la Junta) que se habría llevado 18.600 euros; 'PC' sería Paco Correa con una 'mordida' de 17.500 euros; 'L' se atribuyó a Luis Bárcenas al que correspondieron otros 18.600 euros; y la gran duda eran las siglas 'T.O.' que la Policía atribuyó entonces a José Manuel Fernández Santiago (consejero de Fomento en el momento de la adjudicación de la varitante), cuyo mote de 'Toti' le ponía en el ojo del huracán. Correa identificó este jueves a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell todas las siglas salvo las 'T.O.' que sugirió el nombre de 'Tomás' aunque al identificar la fiscal todos los nombres y preguntar si habrían recibido pagos soltó un escueto “correcto”, especificando que en todo caso él habría pagado a Luis Bárcenas y éste habría repartido con el resto.
Una investigación cerrada en 2012
La investigación sobre esta presunta corrupción en la Junta se inició en Madrid aunque al verse afectado el aforado José Manuel Fernández Santiago, que en el 2009 era Presidente de las Cortes de Castilla y León, se inhibió en favor del TSJ autonómico. En noviembre de 2011 el político abulense desfilaba en condición entonces de imputado ante el TSJ, en una causa en la que declararon también como imputados y testigos Luis Bárcenas y Jesús Merino, además de una docena de funcionarios y altos cargos de Fomento. También figuraban como imputados los directivos de Teconsa Rafael Martínez Molinero, José Martínez Núñez y José Luis Martínez Parra.
La Junta siempre defendió la absoluta legalidad de la adjudicación, incluso el consejero de Fomento en el momento del escándalo -el ahora alcalde de León Antonio Silván- compareció en las Cortes para explicar la limpieza del proceso. Las obras se adjudicaron a finales de 2002 eligiendo Teconsa entre una terna de 29 empresas por su rebaja sobre el precio de licitación e 3,4 millones de euros.
En abril de 2012 el TSJ de Castilla y León cerró la causa al desimputar a Fernández Santiago. En el auto alegaba que el presunto delito de cohecho ya habría prescrito y que el presunto delito de prevaricación no habría quedado probado. Con la desimputación del político cayeron las del resto de funcionarios implicados y el caso se cerró de forma autonómica al no considerar probado que se hubiera amañado la obra de Olleros. La Fiscalía Anticorrupción recurrió el archivo advirtiendo que “para dar concluida la instrucción sería necesaria la práctica de diversas diligencias, parte de las cuales fueron inicialmente acordadas por el instructor y después dejadas sin efecto, sin que conste en el procedimiento el motivo por el que ya no sean precisas”. Pese al recurso el TSJ dio la razón al instructor entendiendo que sus justificaciones para no practicar más pruebas “resultan suficientes para considerarlas innecesarias en orden a completar la investigación”. Las imputaciones relativas a hechos presuntamente delictivos de Correa y sus socios se remitieron a la Audiencia Nacional para que se siguiera el procedimiento en la causa general, que ahora se juzga en su primera época de 1999 a 2002.
Políticamente la investigación a Fernándes Santiago le costó el puesto de Presidente de las Cortes, cargo que el PP le quitó en 2011 aunque le ha mantenido como aforado al seguir siendo procurador por Ávila, puesto que mantiene a día de hoy.
Obras que dejaron inconformes a los vecinos
Todos los vecinos que atendieron a este medio en Olleros de Alba conocían las implicaciones de las obras de su carretera vecina con el caso 'Gürtel' aunque la maraña jurídica del caso les hacía desconocer si los hechos vinculados se juzgaban o no estos días en la Audiencia Nacional. Cabe recordar que los hechos referidos a esta presunta comisión fueron investigados primero en Madrid y luego por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que dio carpetazo al asunto en 2012.
Lo que sí han coincidido en señalar varios vecinos es que la empresa constructora incumplió con la localidad al dejarles sin asfaltar un camino hacia la variante, un puente deteriorado o pasos de vehículos demasiado estrechos.
Mención especial hacen los vecinos a las fuentes y humedales que quedaron tapados por el trazado elegido y que, según cuentan, provocaron que se tuviera que arreglar la variante antes de su apertura y que en los últimos años se hayan tenido que realizar otros arreglos que atribuyen a la mala canalización de esas corrientes.
La que sí se encuentra necesitada de un importante arreglo es el trazado de la CL-626 que lleva a la localidad, que incluso ha sido restaurado recientemente en un tramo al venirse abajo, literalmente, la carretera. Las señales de advertencia del mal estado del firme y la peligrosidad del trazado son constantes en los escasos kilómetros de su recorrido.
Lo que falta por conocer ahora, tras la confesión de Francisco Correa en sede judicial, es si, al igual que un punto de la carretera, la Justicia vuelve atrás y retoma la investigación sobre el agujero negro de la 'Gürtel' leonesa.
