Segundo cumpleaños de Púnica, el sistema político que saltó por los aires en León
Todo empezó -o terminó- aquí, en las primeras horas de la mañana del 27 de octubre de 2014, el segundo día más aciago de la Diputación de León tras el asesinato a tiros en mayo de la presidenta Isabel Carrasco. Se cumplen hoy dos años exactos desde el principio del fin de un sistema político bajo acusación de corrupción cuando la Guardia Civil se llevó del Palacio de los Guzmanes detenido al entonces presidente y 'heredero' político popular Marcos Martínez Barazón.
El caso, enmarcado en la Operación Púnica que nació de una orden del juez Eloy Velasco desde la Audiencia Nacional, ha tenido su propio recorrido en León, hasta el punto de formar parte a día de hoy de una pieza separada sólo para el caso de la presunta trama corrupta vinculada a la Diputación leonesa.
Una trama que, por el momento, mantiene imputados a tres ex altos cargos de la institución provincial: por un lado Marcos Martínez Barazón, entonces su presidente, sobre el que pesan presuntos delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos; por otro el ex interventor de la institución, Jesús 'Suso' López Sánchez, acusado de fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios; y el último en incorporarse a esta lista, el ex coordinador de Presidencia de la Diputación y alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez García, que arrastra en este trámite posibles delitos de fraude, cohecho y malversación.
Marcos Martínez Barazón, ex presidente de la Diputación, y Jesús López, interventor, dos de los tres imputados en la Operación Púnica en León.
Se da la curiosa circunstancia de que dos años después los tres implicados permanecen en activo en la vida pública. Es decir, que Martínez Barazón y Sánchez siguen ostentando las alcaldías de sus respectivos municipios, Cuadros y Puebla de Lillo, a pesar de sus fulminantes expulsiones del PP, mientras López permanece como funcionario público en la Diputación leonesa, aunque ya alejado -no sin serias dilaciones- del poder que supone la Intervención provincial.
En la pieza separada 2 de León también permanecen hoy implicados como investigados -antiguamente imputados- los empresarios Alejandro de Pedro, el presunto conseguidor de la trama extendida por gran parte de España, y José Antonio Alonso Conesa, investigados por los delitos de fraude, cohecho, malversación y aprovechamiento de información reservada. También se atribuye cohecho a las empresas de reputación en Internet propiedad de De Pedro, tanto Eico como Madiva Editorial y Publicidad, a las que Isabel Carrasco primero y Marcos Martínez después llegaron a pagar 106.000 euros para mejorar sus respectivas imágenes públicas en la red de diarios zombies urdida por el conseguidor.
Cabe recordar que, amén de estos pagos con dinero público, el juez Velasco -que precisamente hoy protagoniza un acto en León del Congreso de la Abogacía- considera que los posibles delitos tienen que ver también con los pliegos amañados para que empresas señaladas por De Pedro obtuvieran una adjudicación irregular de contratos en la estación de San Isidro.
Por otro lado, las empresas de la trama Púnica habrían cobrado además en León del consorcio de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de León (Gersul), según se recoge en el sumario. Una cantidad que se sumaría a los 3.600 euros mensuales que ya facturaba una empresa de Alejandro de Pedro a la Diputación de León desde mediados de 2012, y nunca revelada por la institución provincial sino que fue desvelada en exclusiva por ileon.com, como otros tantos detalles que al tiempo que eran negados por la Diputación después fueron ratificados por la investigación policial y judicial.
