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El juez Eloy Velasco procesa a Marcos Martínez y al resto de implicados en 'Púnica' en León

ileon.com  | 02/11/2016 - 17:12h.

Con esta resolución, el magistrado de la Audiencia Nacional confirma que existen indicios racionales de que las personas investigadas en esta causa pudieron cometer delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos continuada.

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El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional ha procesado al que fuera presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, así como al resto de implicados en la vertiente leonesa de la 'Operación Púnica', el alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez; el exinterventor de la Diputación, Manuel Jesús López 'Suso' (y actual viceinterventor); Alejandro de Pedro; José Antonio Alonso Conesa y a las empresas de reputación en internet Eico On Line SL, Madiva Editorial y Publicidad S.L. De esta manera, concluye la investigación de la pieza separada 2 de esta trama corrupta en la provincia de León.

Para tomar esta decisión, el magistrado se basa en todas las diligencias practicadas hasta el momento, en el interrogatorio de los investigados (antes imputados) y de los testigos, y en las interceptaciones telecomunicativas. Con todo ello, concluye que existen indicios racionales de que las personas investigadas en esta causa pudieron cometer delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos continuada.

La resolución del juez sitúa los hechos en la Diputación de León, en 2014, y señala a  las empresas de Alejandro de Pedro, Eico y Madiva, que llevaban años realizando trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos. El magistrado describe la relación entre los cargos públicos y los empresarios investigados, de la que todos sacaban beneficios personales.

En el caso del expresidente de la Diputación de León, el magistrado indica que se puso en manos de Alejandro de Pedro para conseguir su objetivo de consolidarse en el cargo. Las empresas de Alejandro de Pedro y sus diarios digitales, sin actividad periodística real, creaban noticias favorables al político para posicionarle en la red, mejorando su reputación on line. Además, Alejandro de Pedro se prestaba " a trasladar a personas notorias e influyentes del Partido Popular" informaciones favorables con el fin de conseguir que Marcos Martínez continuara como presidente del Partido Poipular en la provincia de León.

A cambio, señala el juez, los empresarios que le prestaban esos servicios recibían adjudicación directa de este tipo de trabajos. Esta forma de proceder, señala Velasco en su auto, se prestaba solamente para los fines personales de Marcos Martínez "alejados del bien común, con el correlativo perjuicio para las arcas públicas" con trabajos que se encargaban que no tenían relación con los fines para los que estaban previstos los medios de la Diputación.

El juez cifra en 90.000 euros, los fondos públicos que recibieron de forma irregular las empresas de Alejandro de Pedro: "instrumentalizando una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las que mes tras mes, entre enero de 2012 y septiembre de 2014, se aprobó un gasto indebido, sin formalizarse si a'probarse ningún tipo de contrato o procedimiento negociado de respaldo, fraccionando con intención, un gasto irregular durante meses".

Concertación para la adjudicación de contratos públicos

Otra de las operaciones investigadas en esta pieza se centra en todas las gestiones realizadas por los investigados para adjudicar los contratos públicos vinculados a la estación invernal de San Isidro a las empresas de Alejandro de Pedro.  El magistrado describe la forma de proceder de los cargos públicos investigados, en especial el expresidente  Marcos MArtinez así como del interventor, Manuel Jesús López Sánchez, quienes según el juez, de las interceptaciones telefónicas se desprende que ambos tenían intereses personales para beneficiar a las empresas de Alejandro de Pedro en los concursos vinculados a la mencionada estación de ski.

A partir de ahora fiscal y la acusación popular disponen de 10 días para formular sus escrito de acusaciones o bien solicitar el sobreseimiento de la causa.

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