Condena de cárcel para Victorino Alonso por destruir una cueva neolítica en Aragón

El empresario minero Victorino Alonso, en una imagen de archivo. César Sánchez / ICAL

ileon.com

El magnate minero leonés Victorino Alonso (propietario de la minera Uminsa) ha sido condenado a una pena de dos años y medio de prisión y a pagar una indemnización de 25,49 millones de euros a la Diputación General de Aragón al considerarle corresponsable de la destrucción de la cueva neolítica de Chaves en el año 2007, considerado uno de los dos más importantes de la península ibérica.

Alonso fue juzgado el pasado mes de septiembre por unos hechos descubiertos a principios de 2009, cuando personal de Museo Arqueológico Provincial de Huesca visitaron el yacimiento neolítico, donde desde hacía 30 años se llevaban a cabo excavaciones de forma intermitente, y descubren que ha sido destruído. La cueva se ubica en una finca cinegética administrada por una empresa vinculada a Victorino Alonso, en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, y las obras de vallado de la finca serían las responsables de la destrucción de los restos.

Junto a Alonso se condena a pagar la indemnización a la sociedad Fimbas SA, que gestiona el coto de caza donde se ubicaba la cueva destruida. El juez absuelve a Victorino Alonso del delito contra el medio ambiente que le imputaba Ecologistas en Acción y a las empresas Ferpi Transportes y Obras S.A, y a la aseguradora Mapfre de las responsabilidades civiles que se solicitaban.

En la sentencia el juez considera acreditado que la empresa que gestiona el coto, Fimbas S.A., conocía la existencia del yacimiento arqueológico y de su importancia y que el propio Victorino Alonso sabía de “primera mano” que debía solicitar permisos para actuar en él. En la misma se considera probado, gracias a un testimonio del juicio, que Victorino Alonso era quien daba las órdenes reales en Fimbas, incluída la de la destrucción del yacimiento arqueológico.

El magistrado también echa en la sentencia un rapapolvo al Gobierno de Aragón por no promover el importante yacimiento a una figura de protección mayor como Bien de Interés Cultural y reprocha que su protección sólo fuera indirecta, lo que califica como “censurable e inexplicable”. Asegura que de haber existido “una adecuada señalización hubiera provocado un indudable efecto intimidatorio tanto en la dirección de la finca como en sus empleados y en terceras personas”.

La sentencia no es firme y es recurrible ante la Audiencia Provincial de Huesca. De hecho, el empresario minero ya ha anunciado si su intención de recurrir la sentencia. Según trasladó la empresa Fimbas, vinculada del empresario leonés, a través de un comunicado, en la sentencia se aprecian “notables contradicciones” en su fundamentación jurídica.

De hecho, el comunicado asegura que la sentencia considera que la afección a la cueva respondió a “un plan preconcebido” al tiempo que admite que la administración actuó “con desidia manifiesta” al no señalizar el yacimiento ni comunicarse con los propietarios de la finca y, sin embargo, aplicar una condena “tan rigurosa”.

La compañía recordó que se trata de una resolución que, al no ser firme, carece de fuerza ejecutiva en estos momentos. Por eso, los abogados de la empresa preparan un recurso de apelación que “tiene muchos visos de prosperar” a la vista de la concurrencia de culpas de la administración de Aragón que determina la propia sentencia.

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