Un 'cortapega' de la primera funcionaria del Ayuntamiento de León impide que el negocio funerario sea 100% público
El millonario negocio de los muertos leoneses sigue enfangado en cuestiones administrativas con serias dudas sobre su legalidad y funcionamiento. El pasado mes de septiembre se conocía un informe del Consejo Consultivo de Castilla y León que declaraba ilegal la privatización bajo el gobierno de Mario Amilivia (PP) del 49% del capital de la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León, San Andrés y Villaquilambre (Serfunle). Una compra que recayó en la actual empresa Mémora y que desde entonces ha llevado la gestión y que, según la interpretación del Consejo Consultivo, se habría llevado ganancias por valor de más de 8,4 millones por un canon que no venía en los pliegos de la convocatoria.
El pasado 4 de octubre la Asamblea de Concejales de los tres municipios que, teóricamente, gobierna Serfunle afrontó un debate sobre cómo aplicar, o no, el informe del Consejo Consultivo. En la misma tuvo lugar dos interpretaciones sobre la resolución del Consultivo, que ahora preside el propio Amilivia que privatizó la funeraria pública. La secretaria del Ayuntamiento de León y de la propia mancomunidad, Carmen Jaén, defendió la nulidad acordada por el Consultivo pero entendía que se debía mantener a Mémora como socia de Serfunle hasta la resolución jurídica de todo el asunto ante los posibles recursos que se avecinan del asunto. La interpretación del interventor municipal, Gabriel Menéndez, se ratificaba en la nulidad de la adjudicación pero apostaba, por contra, por disolver la empresa mixta Serfunle SA (51% Mancomunidad y 49% Mémora) por la que se llevó a cabo la privatización y volver al estado inicial de la legalidad asumiento la mancomunidad los servicios funerarios.
La asamblea de concejales acordó seguir el criterio propuesto por la principal funcionaria del Ayuntamiento de León con el voto favorable de 9 de los concejales, incluido su presidente, el portavoz del PP en León Fernando Salguero. En contra votó el concejal del PAL en San Andrés, Paco Gómez, y se abstuvo la portavoz y concejal de IU en San Andrés, Eloína Terrón, quien ha insistido en diversos comunicados en que Serfunle vuelva a manos públicas de forma inmediata.
El informe del 'cortapega'
Contra la resolución de mantener las cosas como están, incluido el pago del polémico canon suspendido en los últimos meses y ahora bajo lupa judicial, interpusieron recurso de reposición el concejal que votó en contra del acuerdo, Paco Gómez, y la empresa rival Funerarias Leonesas. Un recurso que tiene que resolver la propia asamblea en una reunión que tendrá lugar este lunes 28 de noviembre a las doce de la mañana en la sede de Ordoño II del consistorio leonés.
De cara a la asamblea se llega con un informe de la mano de la secretaria municipal Carmen Jaén que calca, literalmente y de forma abundante, un informe elaborado por el asesor jurídico del Grupo Mémora, Pedro Sangro Gómez-Acebo, en su rechazo a los recursos de que la funeraria siga en el capital y en la gestión de Serfunle.
La alta funcionaria hace suyos en un informe al que ha tenido acceso este periódico los abundantes argumentos jurídicos elaborados en Madrid desde Mémora para defender su posición. Y lo hace sin mencionar la fuente de la que copia textualmente los argumentos que hace propios. En concreto este medio ha podido comprobar como en 9 de las 12 páginas del informe de Carmen Jaén se repiten párrafos y páginas enteras del informe que mandó Mémora por correo el 21 de noviembre y del que se dio entrada el 23 noviembre en el registro de la Mancomunidad. La secretaria de Serfunle fechó su informe el propio 23 de noviembre, día en que se convocó también la asamblea de concejales.
La persona que vela por la legalidad en esta mancomunidad de interés público, la secretaria, hace suyos argumentos textuales y referencias legales y sentencias para rechazar los tres recursos presentados, básicamente aludiendo a una falta de legitimación en el caso de los que vienen de la competencia funeraria y por no considerar suficientemente razonados los recursos del concejal del PAL que votó en contra de que Mémora siga en Serfunle.
Las páginas comparadas expuestas en este artículo reflejan como la secretaria de Serfunle copió los argumentos de Mémora sin indicar si son suyos o los ha tomado, como se puede leer, literalmente del informe de la sociedad funeraria. La propuesta de la funcionaria es idéntica a la de Mémora, rechazar todos los recursos presentados. Con ello, y a falta de recursos judiciales si los hubiere, la situación de Serfunle seguirá siendo de momento la misma que hasta ahora, con Mémora gestionando la empresa y cobrando el canon que provocó que el contrato se declarara ilegal, al menos hasta la resolución final sobre la polémica privatización del PP de Mario Amilivia en el 2003.
La Fiscalía de León investiga desde finales de septiembre, a instancias de IU, la existencia de posibles delitos a raíz de esa privatización y de los pagos efectuados a la empresa ganadora hasta ser declarado ilegal el contrato.
