Ugal-Upa y Ucale-Coag denuncian el mal funcionamiento de la IPG Alubia de León por la “negligencia” de su expresidente

Carlos S. Campillo / ICAL El secretario general de Ugal-Upa, Matías Llorente (D) y el presidente de Ucale-Coag, Apolinar Castellanos (I).

S.Gallo/ ICAL

Los responsables de Ugal-Upa y de Ucale Coag alertaron hoy de la falta de funcionamiento del Consejo Regulador de la IGP Alubia de La Bañeza desde hace unos meses, algo que está provocando importantes perjuicios a los agricultores de la provincia que se encargan de este cultivo. Acusan de este hecho a la “negligencia” del que fuera presidente de esta figura de calidad, Marino Fernández Grande, que no informó hasta el pasado mes de septiembre de la deuda de más de 20.000 euros que la empresa legumbres 'La Auténtica' mantenía con la entidad.

El responsable de Ucale-Coag, Apolinar Castellanos, informó de que fue el pasado mes de septiembre cuando Marino Fernández Grande dio a conocer una deuda de 'La Auténtica', correspondiente a los años 2014 y 2015, de 12.000 euros, a lo que posteriormente se sumó otra factura de etiquetas y contraetiquetas de otros 8.000 euros, una deuda que se reclamó pero ante la que no se recibió contestación por parte de una empresa ya en situación de concurso de acreedores.

Unos días más tarde, el entonces presidente del Consejo Regulador presentó su dimisión y “la IGP quedó sin funcionamiento”. Aunque esta situación se ha comunicado a los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, no se ha tenido contestación al respecto. “No sabemos si habrá compadreo entre Asaja y la Junta, pero no se ha convocado pleno” para hacer efectiva la dimisión del presidente, lamentó Castellanos.

El responsable de Ucale-Coag recordó que hay empresas a las que se les debe dinero pero no se puede asegurar cuándo se les va a pagar. Además, recordó que la IGP se financia con dinero público, por lo que se preguntó cómo ni la Junta ni la Diputación de León no están interviniendo en este conflicto para evitar la caída de esta figura de calidad. Las dificultades de algunos agricultores son evidentes, y en algunos casos alcanzan deudas de hasta 50.000 euros. “Por el silencio de Marino Fernández van a pagar los platos rotos los agricultores”, insistió Castellanos, ya que de haber dado a conocer esa deuda en su momento inicial, los profesionales habrían cesado en la venta de sus productos a esta compañía.

Por su parte, Matías Llorente insistió en que Marino Fernández ha demostrado “ser un inepto y un irresponsable” y aseguró que no se permitirá la desaparición de la IGP. Por eso, invitó a Apolinar Castellanos a que se haga cargo de esta figura “para intentar sacarla adelante, clarificar la situación y buscar responsabilidades del que fue presidente”, declaró.

Cámaras agrarias

Matías Llorente insistió en la necesidad de “seguir el ejemplo de la Cámara agraria de Palencia”, donde se aprobó su disolución en sesión plenaria porque “no tiene ninguna competencia” y para que los tres funcionarios que la integran pasen a la Junta de Castilla y León. En el caso de no ser así, Llorente reclamó a la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, que disuelva “de una vez” estas entidades mediante decreto.

Por último, Llorente denunció que la Cámara Agraria es un organismo que “no tiene ningún tipo de competencias” y lamentó que Asaja esté “ocupándola para sus intereses”, además de que insistió que la lonja de León y su funcionamiento está siendo “la vergüenza número uno”, concluyó.

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