Los empleados públicos salen a la calle para reclamar al Gobierno “los derechos perdidos”
Los empleados públicos han anunciado este martes el inicio de una campaña de movilizaciones para reclamar “los derechos perdidos” desde el inicio de la crisis económica. Así, CCOO, UGT y CSIF han convocado una protesta frente a la Subdelegación del Gobierno en León este miércoles a las 12 horas.
Con esta protesta, y también con una movilización que se llevará a cabo el próximo 3 de abril, quieren reclamar al Gobierno que recupere el empleo en el sector, la jornada laboral de 35 horas semanales y las retribuciones salariales.
Los sindicatos reclaman al Ejecutivo que apruebe cuanto antes los presupuestos para este ejercicio, 2017, para así posibilitar una oferta de empleo público extraordinaria que recupere todos los empleos perdidos desde el inicio de la crisis económica, en 2010.
En el caso de la provincia de León, los sindicatos cifran en torno de 3.000 empleos públicos perdidos durante este periodo ya que al inicio de 2010 había alrededor de 32.600 trabajando para la administración, mientras que los últimos datos hablan de 29.800.
Las plantillas, en opinión de los sindicatos, son escasas, están envejecidas y tienen un altor porcentaje de personal interino lo que repercute en la prestación de servicios básicos al resto de la ciudadanía como la sanidad o la educación.
En la provincia de León, la tasa de interinidad en Educación supera el 20% y en Sanidad puede llegar hasta el 60% lo que tiene “una incidencia directa en la inestabilidad de las plantillas y la precariedad laboral, y dificulta llevar a cabo planes de mejora y formación”.
En cuanto a la recuperación del salario y de la jornada laboral de 35 horas semanales, los sindicatos han precisado que el sector ha sufrido una pérdida de nivel adquisitivo del 13% desde el 2010 y que la recuperación de la jornada de 35 horas podría recuperar hasta 500 empleos en la provincia de León.
Otras reivindicaciones de los empleados públicos son el pago del 100% del salario durante las bajas laborales o la retirada de las medidas de racionalización del gasto público.
