Los afectados por la planta de biomasa de Navatejera inician acciones legales contra su instalación
La Asociación de Afectados por la Ubicación de la Incineradora de Biomasa de Navatejera (Afubiona) ha anunciado este jueves que va a llevar a los tribunales los primeros trámites que se han realizado para aprobar este proyecto, que cayó en la localidad de Villaquilambre tras el rechazo que tuvo en los barrios de Eras y Cantamilanos en León capital.
Este miércoles el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León publicaba la venta de las parcelas para la instalación que adquiere la sociedad de la Junta Somacyl a la Junta Vecinal de Navatejera por un importe de 50.000 euros y un descuento en el consumo energético de su pabellón deportivo. Esta venta se materializa merced de un triple convenio entre la Junta Vecinal, el propio Somacyl y el Ayuntamiento de Villaquilambre.
Los afectados han anunciado que van a presentar de inmediato un recurso contencioso administrativo en los Juzgados de León contra dicho acto y contra la aprobación del convenio de colaboración a tres banda, en una denuncia que llevará el despacho especializado en derecho ambiental y administrativo Cordal, bajo la dirección del abogado Víctor Álvarez Bayón.
Según la Asociación, “la Junta Vecinal ha incurrido en una ilegalidad a la normativa local al malvender por 50.000 euros unas parcelas públicas para instalar un proyecto contaminante que, a día de hoy, ni siquiera ha sido presentado ni conocido por los vecinos, habiéndose incumplido además trámites esenciales en la enajenación de las parcelas y en la firma del convenio entre las Administraciones”.
Para Afubiona la publicación en fechas veraniegas y la no notificación del acuerdo pese a las más de 3.500 alegaciones presentadas en contra suponen una acción “clandestina” por los representantes públicos. Por ello advierten que “si durante el procedimiento judicial aparece algún tipo de irregularidad adicional, no dudaremos en ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, solicitando en su caso que asuman personalmente los daños económicos que van a causar al municipio y a la Junta Vecinal, al convertir el pueblo en el destino final de una instalación que ya rechazaron dos barrios de León previamente”. A
La plataforma mantiene el llamamiento a los vecinos a movilizarse, dado que aún la instalación debe obtener las licencias y permisos de la Junta de Castilla y León, contra las que “volverán a alegar” y se comprometen a ejercer todas las acciones legales necesarias para impedir que se consume un proyecto que consieran “de enormes proporciones y de consecuencias ambientales y económicas muy negativas”.
