El Procurador del Común reclama el reconocimiento de los enfermos de Alzheimer como personas con discapacidad
El Procurador del Común ha pedido a la Junta que proceda a la realización de los estudios necesarios para el reconocimiento de las personas con Alzheimer como personas mayores con discapacidad a todos los efectos, y de los centros destinados a estos enfermos como centros de atención a personas con discapacidad neurodegenerativa, con la aplicación de las ventajas económicas y asistenciales que, en caso de dicho reconocimiento, puedan derivar para los afectados, sus familias y asociaciones del sector.
El Procurador del Común recibió varias quejas en las que se ponía de manifestó la discriminación que, para las personas afectadas por el Alzheimer, genera el hecho de no encontrarse incluidas en el grupo de personas con discapacidad sino de personas mayores, considerando que esta situación no se corresponde ni con los parámetros de dependencia ni de discapacidad.
Esta circunstancia se justificó por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades afirmando que esta enfermedad afecta principalmente a personas con 65 años o más y es una de las causas más frecuentes de dependencia en la vejez, de forma que su principal factor de riesgo es la edad. Sin embargo, el tiempo ha puesto en evidencia que la edad es probablemente el principal factor de riesgo de contraer esta enfermedad, que sin embargo afecta también a colectivos más jóvenes de la población.
El Alzheimer se presenta como una enfermedad neurodegenerativa que puede afectar a cualquier persona. En torno al diez por ciento de los casos se corresponden con los denominados 'enfermos jóvenes', es decir, aquellos que cuentan con una edad inferior a los 65 años, habiéndose incluso diagnosticado la enfermedad, aunque de manera extraordinaria, en personas de poco más de 35 años. Además, las asociaciones del sector cada vez atienden a más personas con edades comprendidas entre los 42 y 60 años, que no deberían ser encuadradas en el sector de personas mayores.
La administración autonómica considera a las personas con Alzheimer en el sector de personas mayores y se produce la circunstancia de que las plazas que concierten las asociaciones de Alzheimer con la Junta de Castilla y León tengan un precio bastante inferior a las plazas concertadas del sector de discapacidad, pese a tener en muchos casos igual o mayor intensidad en la atención especializada. Así, por ejemplo, un enfermo de Alzheimer tendría una plaza concertada en un centro de día a un precio de 22,96 euros diario, mientras que una personas con discapacidad en la misma situación percibiría entre 32,72 euros y 43,12 euros por día, una persona con enfermedad mental tendría plaza concertada en un centro de día por un precio de 44 euros y una persona con autismo tendría una plaza concertada por 51,95 euros.
Considerando que una persona con Alzheimer requiere cuidados específicos en función de su grado de enfermedad, resulta “imposible”, según el Procurador del Común, ofrecer un servicio profesional y de excelencia con el precio que abona la administración por las plazas para personas mayores, que por el contrario se llega a doblar en el caso de las plazas con discapacidad. Por ello, esas entidades no pueden acogerse al régimen de concierto, puesto que el precio de la concertación no resulta suficiente para proporcionar una asistencia de calidad a los usuarios.
